Como querellante de la causa, solicitó que para proteger el patrimonio que podría ser decomisado por el Estado, se actualice el canon que se paga actualmente por la explotación del hotel Alto Calafate.
En el marco de la investigación por la intervención judicial de Hotesur, se detectó que la empresa que explota el hotel tiene el contrato vencido y paga el mismo canon que en enero de 2015 sin ningún tipo de actualización.
Bajo ese contexto, la Oficina Anticorrupción que es querellante en la causa, solicitó una revaluación acorde con los precios de mercado.
Además, el interventor designado por el juez había informado que “los accionistas de Hotesur SA han demostrado desinterés en la marcha del negocio y la acefalía en la que se dejó a la SA desde diciembre de 2017 nos obliga a ser más cuidadosos en la preservación del patrimonio para evitarle al estado cualquier reclamo o para no perjudicarlo en caso de que el bien resulte decomisado”.
Es por eso que la Oficina también solicitó que se intime a los accionistas de la empresa a que “informen con exactitud la actual tenencia accionaria; que procedan a designar a los integrantes del directorio; y que expresen su voluntad de continuar o no con la locación del Hotel Alto Calafate por parte de Idea S.A”.
Por el alquiler del hotel se sigue pagando el mismo monto fijo de locación que se fijó para enero de 2015 de $190.000. Según lo establecido por el interventor, el pago mensual actualizado tendría que ser superior a los $450.000.
Por esta causa, a principio de año la OA había solicitado la elevación a juicio de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice y otros 13 procesados por el delito de lavado de activos.
El organismo había detallado que los imputados pusieron en circulación dinero“proveniente de un ilícito penal, canalizado a través de la actividad del hotel “Alto Calafate”, perteneciente a la sociedad “Hotesur S.A.”- y de la hostería “Las Dunas”, ambos emprendimientos de propiedad de la familia Kirchner, de modo tal de otorgarle al dinero aplicado, que ascendió a sumas millonarias- una apariencia de legalidad”.
El dinero de origen ilegal provenía “de la adjudicación irregular y fraudulenta de contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas de Lázaro Antonio Báez por la suma total, actualizada a 2016, de $46 mil millones, durante el período 2003-2015, en que el matrimonio compuesto por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner ocuparon, sucesivamente, la presidencia de la Nación, quienes beneficiaron a Lázaro Antonio Báez, amigo personal del primero de ellos, con la mayor porción de contratos de obra pública vial en esa provincia”.
Tanto Hotesur S.A. como la hostería Las Dunas fueron adquiridos por Néstor Kirchner “con el único propósito de que él y su familia fueran los destinatarios finales de una porción de los fondos ilícitamente habidos por las empresas de Lázaro Antonio Báez, alejados o distanciados ya de su origen delictual, de modo tal de que la entonces familia presidencial pudiera disponer, bajo la apariencia de una genuina actividad hotelera, de las ganancias ilícitas obtenidas por Báez mediante la adjudicación fraudulenta de los contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
