La pulseada por la entrega de información digital suma presión sobre el proceso judicial en Nueva York.
En un nuevo capítulo del juicio por la expropiación de YPF, Burford Capital solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que mantenga el plazo judicial vigente —30 de octubre— para que la Argentina entregue todas las comunicaciones realizadas fuera de canales oficiales, incluyendo mensajes de WhatsApp.
El pedido se produjo un día después de la audiencia ante la Corte de Apelaciones de Nueva York por la causa central, en la que se analiza la sentencia de 2023 que condenó al país a pagar USD 16.000 millones —hoy más de USD 18.000 millones con intereses— por la expropiación de la petrolera en 2012.
Aunque tanto el Gobierno como Burford celebraron la instancia judicial de ayer, el mercado interpretó que la exposición habría sido favorable para la Argentina, y las acciones de la firma litigante cayeron hasta un 15%.
El argumento del Estado argentino
La defensa argentina insiste en que el Estado y YPF son entidades jurídicas separadas, lo que complica el intento de Burford de ejecutar la sentencia bajo la teoría del alter ego. Tras la audiencia, el subprocurador del Tesoro Juan Ignacio Stampalija aseguró que “quedó claro que son dos entes jurídicos distintos y que no hay alter ego”.
Por su parte, el subprocurador Julio Comadira señaló que YPF cuenta con “49% de accionistas privados y deuda internacional”, lo que evidencia que la petrolera “tiene vida propia y es un ente separado del Estado”.
Entrega de comunicaciones y pedido de prórroga
Preska ordenó a Argentina presentar antes de fin de mes comunicaciones no oficiales de más de 30 funcionarios y exfuncionarios, incluidas las de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa. El Gobierno sostuvo que cumplir con la orden en el plazo fijado es “prácticamente imposible” y pidió extender la fecha al 21 de noviembre.
Argentina presentó un escrito comprometiéndose a solicitar la colaboración de los implicados para acceder al contenido de sus dispositivos.
Respuesta de Burford
En su presentación, Burford rechazó otorgar más tiempo, aunque aceptaría la fecha del 21 de noviembre solo si se fija de forma estricta y sin posibilidad de nuevas prórrogas. La firma sostuvo que cualquier dificultad para cumplir los plazos es responsabilidad de la República y reiteró su acusación de que el país busca dilatar el proceso.
La compañía también manifestó preocupación por la preservación de comunicaciones extraoficiales y advirtió que, si Argentina no cumple, podría solicitar nuevas medidas judiciales.
La jueza Preska deberá resolver si concede o no la extensión solicitada.
