Maximiliano Rusconi, que representa al empresario en el expediente que investiga el presunto desvío de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino, analiza los principales puntos de la situación.
Javier Faroni se encuentra en el centro de la tormenta del AFA Gate. Junto a su pareja, Erica Gillette, Faroni comandó en Miami la empresa TourProdEnter LLC, encargada de representar los intereses comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior, con un lucrativo contrato que estableció una comisión del 30 por ciento. El rastro de papeles de las cuentas de TourProdEnter en cuatro bancos estadounidenses reveló movimientos por más de 400 millones de dólares, con gastos en artículos de lujo y pagos a la empresa ligada al avión privado que llevaba alrededor del mundo a Claudio “Chiqui” Tapia.
Así, Faroni fue allanado dos semanas atrás por la Policía Federal en su casa del barrio El Yacht de Nordelta por orden del juez Luis Armella, que subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. En el marco del expediente, en el que también interviene la fiscal Cecilia Incardona, se allanó la sede de la AFA, donde se halló el contrato entre la Asociación y la firma de Faroni. Poco antes, el empresario intentó salir del país con rumbo a Uruguay. La PSA lo interceptó minutos antes. Hoy, el empresario no tiene impedimento alguno para salir del país.
Faroni y su pareja deberán presentarse en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora el lunes 19 de este mes para anoticiarse de la causa en su contra. Una fuente clave en este expediente aseguró a este medio: “Todo lo referente a Faroni está bajo investigación”.
En este expediente, Faroni y Gillette son defendidos por el abogado Maximiliano Rusconi y su estudio. “En los últimos días, el discurso mediático alrededor del fútbol argentino empezó a usar categorías que pertenecen más al plano del relato que al jurídico. Se trata de narraciones que guían a la opinión pública a tomar posición en una historia mediática a través de elementos que activan conclusiones automáticas».
Esto lleva, según el análisis de Rusconi, a la “consolidación de un relato unificado por parte de un sector de los medios de comunicación» que “influyen en que esa toma de posición en los casos nazca, en el mejor de los casos, de una enorme desinformación y, en el peor, de la construcción de un sesgo inmodificable y arbitrario”.
“Supongamos que descartamos cualquier mala fe periodística. Lo que nos queda es un sinfín de simplificaciones cognitivas, conceptos empaquetados de veloz circulación en el imaginario colectivo. Lujos, viajes, compras, tarjetas de crédito, restaurantes famosos componen un guion de los medios de difusión que condiciona las acciones y hechos posteriores a esta construcción mediática de una supuesta realidad. Casualmente, este año se cumplen 60 años de una obra muy importante de la sociología, La Construcción Social de la Realidad, de P. Berger y Thomas Luckmann».
“Hoy podemos hablar de la reafirmación judicial de la construcción mediática de la realidad: algo mucho más nocivo de lo que estos grandes autores describían en esa obra ya clásica. Esta construcción de sentido puede afectar, muy lamentablemente, al funcionamiento de las instituciones, como el poder judicial (obviamente me refiero a un sector), que entonces no investiga hechos históricos, ya sucedidos, sino que solo sigue ese guion construido por algunos medios de comunicación».
Rusconi continúa: “Los próximos párrafos se dirigen a demostrar de qué modo, en este caso, se ha montado una red de descripciones falsas, una desinformación en cuotas. Se trata de ser claro y de ordenar el sentido de la realidad sostenidos por el derecho penal y no por narraciones que pretenden generar indignación. Permítanme modificar por un rato el meme: derecho (y datos) matan relato».
Para empezar, continúa el abogado, “la AFA no es un organismo estatal, sino una asociación civil con personería jurídica, inscrita en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Quienes la dirigen no están sometidos a las reglas de los funcionarios públicos. En este marco, Javier Faroni y su empresa, TourProdEnter LLC, están un paso más alejados: son proveedores privados sin ningún tipo de poder de decisión en esta asociación civil”.
“¿Es ilegal que las federaciones deportivas subcontraten en empresas privadas la administración, gestión y logística de los derechos complejos que rodean al fútbol? No. Como se ha demostrado en todo el mundo, ello no solo es legal, sino indispensable y representa un modelo ya probado como exitoso. La AFA recurre a empresas intermediarias y privadas para explotar sus activos: es la regla en el fútbol global. Lo hace la Conmebol a nivel regional y lo hacen otras federaciones —en Europa, Asia y África. Las Federaciones no cuentan con recursos propios para desarrollar internacionalmente derechos complejos. Y además, la AFA avanzó hacia mayores márgenes de eficiencia en ese modelo».
“¿El porcentaje que recibe en la actualidad la empresa contratada es excesivo, sospechoso, criticable? No, nada de eso. Por el contrario, el actual contrato de TourProdEnter LLC es más económico que los anteriores, incluso para tareas más complejas en una época de expansión internacional sin igual de la AFA».
