El testimonio fue brindado ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien instruye el expediente junto al juez Ariel Lijo.
Una de las declaraciones testimoniales incorporadas a la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni aportó nuevos elementos sobre su situación patrimonial. Según fuentes judiciales, un testigo afirmó que el funcionario mantiene una deuda de 65.000 dólares vinculada a refacciones de un inmueble, monto que no estaría documentado.
El testimonio fue brindado por Pablo Martín Feijoo ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien instruye el expediente junto al juez Ariel Lijo. La declaración se extendió durante aproximadamente tres horas en los tribunales de Comodoro Py.
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De acuerdo con la reconstrucción del caso, Feijoo señaló bajo juramento que asumió el costo total de las obras realizadas en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, por un valor de 65.000 dólares. Según indicó, ese monto habría sido acordado para ser recuperado posteriormente, “por afuera”, una vez que Adorni concretara la venta de otra propiedad.
La investigación judicial analiza una operación inmobiliaria iniciada en 2025, cuando un inmueble fue adquirido por terceros y posteriormente transferido al funcionario. En ese marco, también se examinan las condiciones de financiamiento de la compra, que incluyeron pagos iniciales y saldos a cancelar en el tiempo.
Además, la causa indaga otros compromisos financieros atribuidos al funcionario, entre ellos deudas con particulares y préstamos respaldados con garantías hipotecarias. Parte de estos acuerdos incluirían pagos ya realizados y otros aún pendientes.
Otro eje del expediente se centra en los movimientos económicos del funcionario y su entorno familiar. La fiscalía investiga gastos en viajes internacionales y posibles operaciones realizadas en efectivo que no figuran en registros bancarios o consumos con tarjeta.
En este contexto, el fiscal Pollicita dispuso una serie de medidas de prueba orientadas a relevar información financiera desde 2022 hasta la actualidad. Entre ellas, solicitó datos a entidades bancarias, billeteras virtuales y plataformas de criptomonedas, así como registros vinculados a cajas de seguridad y operaciones cambiarias ante el Banco Central.
También se requirió información a aerolíneas y agencias de turismo sobre itinerarios y formas de pago de viajes, con el objetivo de determinar la trazabilidad de los gastos.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, con el objetivo de establecer si el patrimonio del funcionario resulta compatible con sus ingresos declarados.
