Un informe presentado ante la Justicia Federal sostiene que Malte SRL no tendría capacidad operativa real para justificar sus movimientos patrimoniales.
Un informe de la Dirección General Impositiva (DGI), presentado ante la Justicia Federal y al que accedió Clarín, identificó a Malte SRL como una posible “usina sin capacidad operativa económica y financiera” en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero.
La investigación se tramita en el Juzgado Federal de Campana bajo el expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, que analiza operaciones vinculadas al delito de lavado.
La empresa vinculada a una mansión en Pilar
En la causa se investiga a Luciano Pantano, señalado como uno de los presuntos testaferros de la mansión de Pilar que se le atribuye al dirigente del fútbol Pablo Toviggino.
Según el informe fiscal, el análisis de la información patrimonial y tributaria de Malte SRL reveló múltiples inconsistencias que ponen en duda la capacidad real de la empresa para sostener el volumen de operaciones registradas.
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Entre las anomalías detectadas figuran frecuentes cambios de domicilio fiscal, dificultades para localizar a la firma en su dirección declarada y la inscripción en diversas actividades económicas sin relación entre sí desde su creación.
Bienes por US$1,4 millones en el blanqueo
El reporte también indica que Malte SRL exteriorizó bienes por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.
La empresa aparece además como proveedora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según registros institucionales, fue contratada de manera directa en 2022 para implementar el sistema VAR, por un monto de 550.000 dólares durante la gestión que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia.
Transferencias de autos y operaciones entre empresas vinculadas
El organismo fiscal también detectó dificultades para reconstruir la trazabilidad de distintas operaciones patrimoniales. En el informe se mencionan altas y bajas recurrentes de bienes registrables —como vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola—, muchas veces transferidos entre empresas vinculadas.
En el caso de los automotores, se identificaron numerosas transferencias de vehículos de alta gama, lo que refuerza las sospechas sobre posibles maniobras de circulación de activos dentro del mismo entramado societario.
Además, se observaron facturas electrónicas por montos significativos emitidas entre compañías del mismo grupo, con conceptos que no guardan relación con las actividades declaradas.
Una estructura mínima
Otro punto que llamó la atención de los investigadores es la estructura operativa de la firma. Según el informe, Malte SRL registró apenas un empleado durante la mayor parte del período analizado, salvo tres meses en los que tuvo más personal.
Ese trabajador figura domiciliado en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los domicilios fiscales de la empresa aparecen registrados en la provincia de Santiago del Estero.
La dirección IP que conecta a varias empresas
Uno de los puntos más sensibles del informe surge del análisis de las conexiones informáticas utilizadas para emitir facturación electrónica.
La DGI detectó que una misma dirección IP (181.14.215.128) era utilizada por varias empresas vinculadas a Malte SRL, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.
Según el documento, esa misma IP también aparece vinculada a personas relacionadas con Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA y uno de los principales colaboradores de Claudio “Chiqui” Tapia.
Entre los nombres mencionados figuran familiares directos del dirigente, además de su esposa.
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Operaciones con la AFA
El informe también señala que se detectaron operaciones comerciales entre Malte SRL y la AFA, aunque el organismo indicó que no pudo determinar la trazabilidad de los productos que supuestamente fueron vendidos a la institución.
La investigación judicial continúa para establecer si las operaciones detectadas forman parte de un esquema de lavado de dinero o de circulación irregular de activos.
