El caso generó una fuerte escalada diplomática entre la gestión de Javier Milei y el gobierno venezolano. Qué se sabe.
Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, continúa detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, fecha en la que presuntamente fue secuestrado por funcionarios venezolanos bajo órdenes del presidente Nicolás Maduro.
El caso generó una fuerte escalada diplomática entre la gestión de Javier Milei y el gobierno venezolano. La Argentina, a través del embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Diego Sadofschi, denunció “violaciones a los derechos humanos” y pidió el arresto de Maduro y de Diosdado Cabello.
Según denunció la familia del gendarme y el Gobierno argentino, Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar a Venezuela por la frontera con Colombia para visitar a su esposa y a su hijo. Las autoridades venezolanas lo acusan de presunta “vinculación con acciones terroristas” y “espionaje”.
La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, contó en julio que el gendarme estuvo detenido en la cárcel de El Rodeo, ubicada en las afueras de Caracas, en el estado Miranda. En agosto, ella y el hijo de ambos regresaron a la Argentina.
“Yo no quería venirme porque mi intención era regresar con Nahuel, como lo habíamos planificado”, relató entonces.
Durante los primeros meses de detención, el fiscal de la República, Tarek William Saab, le aseguró a Gómez que la situación “había sido un error”, que se trataba de “un conflicto diplomático” y que debía “esperar y tener paciencia”.
En septiembre, Griselda Heredia, madre de Gallo, reclamó la liberación de su hijo y confesó que “sintió desesperación” cuando Estados Unidos envió una flota al Caribe. También se comunicó con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien intentó llevar tranquilidad:
“Lo único que me supo decir Bullrich fue que me quede tranquila, que ellos están constantemente haciendo lo posible y trabajando”, expresó.
La Argentina elevó la denuncia a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), considerando que la detención del gendarme es “arbitraria e ilegal”, e incluso la calificó como una “desaparición forzada” y un “delito de lesa humanidad”.
A un año del inicio del conflicto, Gallo continúa detenido en Venezuela y se presume que sigue alojado en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Caracas, donde permanece desde julio de 2025.
