También apuntaron a aerolíneas por retenciones indebidas de cargas sociales y deducciones inconsistentes de empleados.
El Gobierno nacional puso bajo la lupa a varios de los principales bancos del país y a algunas aerolíneas, en el marco de denuncias penales por presuntas irregularidades vinculadas a la retención de cargas sociales y a deducciones consideradas infladas en el Impuesto a las Ganancias de sus empleados.
Según pudo saber Notas de Actualidad, las acciones fueron impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, y alcanzan a entidades como el Banco Galicia, Banco Santander, el Banco de Entre Ríos y el Banco Santa Fe, según trascendió a partir de presentaciones judiciales en el fuero penal económico y fiscalías provinciales.
Las denuncias se centran en la supuesta demora o falta de depósito de aportes y contribuciones a la seguridad social dentro del plazo legal de 30 días corridos. De acuerdo con la normativa vigente, ese incumplimiento podría configurar el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Desde el sector financiero, sin embargo, rechazaron las acusaciones y consideraron que las medidas del organismo recaudador son “exageradas”. Voceros de la actividad bancaria señalaron que se trata de decisiones “sorpresivas” y criticaron que se avance directamente con denuncias penales sin instancias previas de revisión administrativa.
“Asumen que el contribuyente se quedó con retenciones o evadió, cuando en realidad no hay irregularidades. El fisco sin preguntar ya presupone un delito”, sostuvieron fuentes del sector, que además calificaron la situación como “grave” por el impacto sobre directores y entidades.
En los bancos también argumentan que parte de las diferencias señaladas responden a operatorias habituales, como la liquidación retroactiva de aumentos salariales acordados en paritarias una vez conocida la inflación, lo que puede generar ajustes posteriores en los aportes.
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Otra de las observaciones del fisco incluye la presunta retención de IVA y deducciones excesivas vinculadas a ropa de trabajo utilizada para reducir el pago de Ganancias, además de una denuncia puntual contra una aerolínea por retenciones vinculadas al impuesto y beneficiarios del exterior.
Las investigaciones se enmarcan en un contexto de caída de la recaudación. Según datos del Ministerio de Economía, los ingresos del Tesoro nacional retrocedieron 4% interanual en términos reales en mayo, tras diez meses consecutivos de baja. Las cargas sociales, que representan cerca del 40% de la recaudación total, también mostraron una caída sostenida en el año.
En paralelo, el Gobierno detectó un aumento de la informalidad laboral. De acuerdo con el INDEC, el empleo no registrado alcanzó el 43% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025, lo que equivale a unos 9 millones de trabajadores. En dos años, la informalidad creció 1,6 puntos porcentuales.
En ese marco, ARCA intensificó controles que también alcanzaron a otros sectores como pizzerías, frigoríficos y cadenas comerciales. Desde el organismo señalaron que, en caso de no regularizarse los aportes, los incumplimientos derivan en denuncias penales.
La disputa entre el fisco y el sector privado se da además en un contexto de reformas recientes, como la condonación de deudas previsionales, cambios en el régimen de control fiscal y reducciones de contribuciones patronales previstas en la agenda económica del Gobierno.
