En esta instancia se evaluarán los antecedentes legales, técnicos y financieros de los oferentes.
El proceso de privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos argentinos, ingresará en una etapa clave este miércoles con la apertura del primer sobre de la licitación pública nacional e internacional.
En esta instancia se evaluarán los antecedentes legales, técnicos y financieros de los oferentes. Según información difundida, al menos tres grupos presentaron propuestas para adquirir el paquete accionario de la compañía.
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Entre los interesados se encuentra el empresario Horacio Paolini, a través de su firma Escalum. También participa el Grupo Sima mediante su filial Global Protection Service, y la empresa francesa Alyzia, con amplia trayectoria en el manejo de servicios aeroportuarios en Europa.
El proceso había sido postergado por el Ministerio de Economía, que prorrogó la fecha de apertura al 10 de junio mediante una resolución oficial. La operación se realiza a través de la plataforma CONTRAT.AR y establece un precio base de USD 45,1 millones.
El valor inicial fijado generó cuestionamientos en el sector, ya que se ubica por debajo de los activos corrientes informados por la propia empresa. Desde el Gobierno sostienen que el precio surge de evaluaciones técnicas realizadas por organismos oficiales y que el objetivo es atraer inversiones en un negocio que requiere capital intensivo.
Intercargo presta servicios esenciales en tierra, como carga y descarga de equipaje, asistencia a aeronaves y traslado de equipos en pista. La compañía operó durante décadas bajo un esquema monopólico que comenzó a modificarse a partir de la desregulación del sector aerocomercial impulsada en 2024.
En ese marco, el Gobierno habilitó el ingreso de nuevos operadores y avanzó con la decisión de transferir la empresa al sector privado, en línea con su política de reducción del gasto público. Entre 2020 y 2023, Intercargo recibió aportes estatales para sostener su funcionamiento.
El pliego establece condiciones para el futuro adjudicatario, como garantizar la continuidad del servicio durante al menos 180 días y mantener la composición accionaria por un período determinado. También limita la participación de empresas que ya operen concesiones aeroportuarias o servicios aéreos en el país.
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Mientras avanza el proceso, persiste el escepticismo en parte del sector sobre la posibilidad de que capitales extranjeros resulten adjudicatarios, en un contexto marcado por la volatilidad económica local y los antecedentes operativos de la empresa.
