Los jueces rechazaron un recurso para que la Corte Suprema revise esa decisión.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó en condiciones de ejecución el decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad.
La decisión implica que la medida puede avanzar de manera inmediata, ya que el rechazo del recurso impide, por ahora, la revisión automática del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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No obstante, la exmandataria aún puede presentar un recurso directo de queja ante el máximo tribunal, aunque esta vía no suspende la ejecución de los bienes.
El fallo fue dictado por la Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.
Hornos y Barroetaveña rechazaron por mayoría los planteos de las defensas, al considerar que no existía una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte Suprema. En esa línea, sostuvieron que los argumentos presentados remitían principalmente a interpretaciones de derecho común vinculadas al decomiso y al artículo 23 del Código Penal.
Además, indicaron que la sentencia previa había sido “fundada y razonada” y que los recursos expresaban desacuerdos con el criterio adoptado, sin demostrar arbitrariedad.
En su voto, Hornos remarcó que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, al fundamentar la validez del decomiso en casos de corrupción.
Por su parte, Barroetaveña adhirió a esos argumentos y descartó que existiera una controversia constitucional concreta que justificara la intervención del máximo tribunal.
El juez Borinsky también declaró inadmisible el recurso de Cristina Kirchner, aunque planteó una disidencia parcial respecto de otros imputados. Consideró que debía habilitarse la revisión extraordinaria en relación con determinados bienes vinculados a Lázaro Báez y a los hijos de la expresidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Según señaló, algunos de esos bienes habrían sido adquiridos antes del período considerado en la causa, lo que podría implicar cuestiones vinculadas al principio de legalidad y al derecho de propiedad que ameritarían revisión por parte de la Corte.
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Con esta resolución, la Cámara dejó firme la posibilidad de avanzar con la ejecución de los bienes decomisados, en una de las derivaciones patrimoniales más relevantes del caso.
