El esquema legal que regula la actividad, el rol de los consorcios y los posibles efectos de los cambios en discusión.
Por Víctor Santa María
En los últimos días, la llamada «Ley de Modernización Laboral» volvió a instalar una vieja escena de la Argentina: la incertidumbre de los trabajadores frente a reformas que, bajo el argumento de la eficiencia, esconden muchas veces una lógica de retroceso en derechos conquistados.
No es la primera vez que ocurre. Tampoco será la última. Pero sí es necesario decirlo con claridad, sin rodeos y sin alarmismos vacíos: en el sector de los trabajadores y trabajadoras de edificios, nuestros derechos no nacen de una ley reciente ni dependen de una coyuntura. Son el resultado de décadas de organización, de lucha colectiva y de un entramado normativo sólido que no se desarma con una reforma.
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El punto de partida es siempre el mismo: la Constitución Nacional. Allí, en el artículo 14 bis, está escrito el corazón del modelo social argentino. Trabajo digno, salario justo, organización sindical, protección contra el despido arbitrario. No es una declaración simbólica: es un límite concreto. Ninguna ley puede ir más allá de ese piso sin entrar en tensión con el propio orden constitucional.
Pero además, nuestro sector tiene una particularidad que muchas veces se omite en el debate público. El consorcio de propietarios es una persona jurídica y, como tal, el verdadero empleador. El administrador actúa en su representación, pero no reemplaza esa responsabilidad. Esta estructura, que puede parecer técnica, es en realidad una garantía: evita la dispersión de obligaciones y fija con claridad quién responde frente a los trabajadores.
A eso se suma nuestro Estatuto y nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Ahí está la vida concreta de nuestra actividad. Las categorías, las funciones, los adicionales, las condiciones laborales. Ahí está, también, el reconocimiento de una tarea que no es cualquier tarea: es el cuidado cotidiano de los espacios donde viven millones de argentinos.
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Por eso, cuando aparece una ley que modifica aspectos generales del régimen laboral, es importante ubicarla en su justa dimensión. En nuestro caso, la Ley de Contrato de Trabajo siempre ha tenido un carácter supletorio. Es decir, se aplica en lo que no está específicamente regulado por nuestras normas propias. Y esas normas siguen vigentes.
Esto no significa que no existan riesgos. Sería ingenuo plantearlo así. La experiencia nos muestra que cada flexibilización abre la puerta a interpretaciones interesadas, a zonas grises que algunos intentan aprovechar. La promoción de figuras “independientes”, la fragmentación de tareas o la tercerización encubierta no son hipótesis teóricas: son prácticas que ya conocemos.
Frente a eso, la respuesta no es el miedo, sino la organización. Porque ningún derecho se sostiene únicamente en un texto legal. Se sostiene en la capacidad de los trabajadores de hacerlo valer en la práctica, en cada lugar de trabajo.
En nuestro sector, esa fortaleza tiene una historia. La negociación colectiva centralizada, las paritarias que año a año actualizan salarios y condiciones, la presencia sindical en los edificios. Cada delegado, cada compañera y compañero informado, es parte de un entramado que no sólo defiende derechos: los hace efectivos.
Hay algo más que vale la pena decir en un contexto donde muchas veces se intenta desacreditar la acción sindical. Los derechos laborales no son un obstáculo para el desarrollo. Son, por el contrario, una condición para una sociedad más justa, más equilibrada y, también, más estable.
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Cuando se debilitan esas garantías, lo que se pone en juego no es sólo el ingreso de un trabajador o trabajadora. Es la calidad de vida colectiva, es el tejido social, es la idea misma de comunidad.
Por eso, frente a cada intento de retroceso, la respuesta debe ser clara. No desde el pánico, sino desde la convicción. No desde la resignación, sino desde la memoria de lo construido.
En los edificios de la Argentina, esa memoria está viva. Está en cada jornada de trabajo, en cada derecho conquistado, en cada negociación paritaria. Y está, sobre todo, en la certeza de que ninguna reforma puede borrar lo que un colectivo organizado decidió defender.
Porque, al final, las leyes pueden cambiar. Pero cuando los trabajadores están de pie, hay algo que se mantiene firme: la dignidad.
