Desde el CPIQ calificaron como «acertada y responsable» la decisión del Gobierno porteño de anular la norma que habilitaba una doble matriculación y generaba confusión institucional.
El Consejo Profesional de Ingeniería Química (CPIQ) calificó como acertada y responsable la decisión del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de vetar parcialmente la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sancionada por la Legislatura porteña. Según advirtieron desde la entidad, la norma original presentaba falencias institucionales que podían afectar tanto el control profesional como la seguridad de la comunidad.
El veto se formalizó mediante el Decreto 16/26, firmado el 14 de enero de 2026, y alcanzó artículos centrales de la ley. Entre ellos, los que impulsaban la creación de un nuevo colegio profesional de Higiene y Seguridad, establecían un régimen de matriculación obligatoria y otorgaban incumbencias que, de acuerdo con el Ejecutivo, no contaban con un respaldo académico adecuado para todos los profesionales alcanzados.
Cuestionamientos al sistema de matriculación
En declaraciones radiales, la presidenta del CPIQ, Marcela De Luca, sostuvo que la medida “corrige una situación que generaba confusión institucional y debilitaba el control del ejercicio profesional”. En ese sentido, remarcó que “cuando se fragmenta la matrícula y no hay un control centralizado, no se fortalece la regulación: se la vacía de contenido”, y alertó que esa dinámica impacta de manera directa en la seguridad jurídica y en la seguridad de las personas.
Veto parcial a la ley de Higiene y Seguridad: la Ciudad advierte riesgos en el control profesional
De Luca explicó que el sistema vigente permite que los profesionales de Higiene y Seguridad con títulos de grado se matriculen en los Consejos correspondientes, todos ellos bajo la supervisión de la Junta Central de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura. Según señaló, ese esquema garantiza control efectivo, aplicación de sanciones y trazabilidad del ejercicio profesional, mientras que la creación de una estructura paralela sin articulación podía poner en riesgo ese funcionamiento.
Riesgos para la seguridad pública
En la misma línea, el consejero del CPIQ Alejandro Pérez Vargas advirtió que uno de los puntos más problemáticos del texto vetado era la posibilidad de una doble matriculación sin controles cruzados. “Un profesional sancionado por negligencia podía retirarse de un Consejo y seguir ejerciendo bajo otra matrícula, en la misma jurisdicción”, señaló, y afirmó que se trataba de un riesgo concreto para la seguridad pública, no de una hipótesis teórica.
Pérez Vargas también cuestionó que la ley otorgara facultades e incumbencias que no se corresponden con la formación académica de algunos licenciados en Higiene y Seguridad. Según explicó, se habilitaban tareas como la elaboración de planos, evaluaciones técnicas complejas o determinaciones vinculadas a la salud laboral sin el respaldo académico suficiente, una distorsión que, a su entender, el veto corrigió.
Alerta en Seguridad e Higiene: advierten que una ley podría generar un vacío de control profesional
Desde el CPIQ subrayaron que el rol de los Consejos Profesionales tiene un carácter preventivo y está directamente ligado a la protección de la comunidad. “Un error en una obra, en una industria o en la vía pública puede tener consecuencias fatales”, señalaron, al tiempo que remarcaron que el control del ejercicio profesional constituye una política de seguridad y no un simple trámite administrativo.
Por último, el Consejo valoró que el veto parcial devuelva el debate a la Legislatura en un marco más claro y destacó que el Ejecutivo haya tenido en cuenta los argumentos técnicos presentados durante el proceso. “Es una señal institucional importante que se haya priorizado el interés público por sobre soluciones apresuradas”, concluyeron.
