Tras el cierre de Télam, desde la gestión de Milei buscan profundizar el ajuste y reestructuración del sector público.
Luego del cierre y transformación de la agencia Télam en un contexto de ajuste y reestructuración del sector público, el Gobierno Nacional, a través del interventor, Eduardo González, anunció este martes un plan de retiros voluntarios dirigido al personal de la TV Pública y Radio Nacional.
El proyecto se incluyó en la recientemente aprobada – y reglamentada – Ley Bases, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, otorgando al Poder Ejecutivo amplias facultades para la reorganización del Estado.
Por ello, desde Nación argumentan que el costo laboral en RTA es el principal gasto de la entidad, lo que justifica una reorganización profunda de su estructura de personal.
La medida, según el Gobierno, busca una gestión más eficiente de los recursos, cumpliendo con los principios de «eficiencia y generación de valor» establecidos en la normativa vigente.
Así, envió el plan de retiros voluntarios por mail a los trabajadores, que deben responder si lo aceptan en un plazo de 40 días. Si surge alguna duda, la comunicación debe ser de manera confidencial y mantener la vía de comunicación electrónica.
En el caso de la TV Pública hay casi 900 empleados y 1300 para las 52 frecuencias de Radio Nacional.
La iniciativa cuenta con dos modalidades. Una para los trabajadores que no estén en condiciones de jubilarse y otra para quienes se encuentren próximos a cumplir la edad jubilatoria:
PRV 1: dirigido a empleados hasta los 56 años (mujeres) y 61 años (hombres). El Gobierno ofrece una gratificación especial equivalente a un mes de sueldo bruto por cada año de servicio, más un mes adicional de sueldo bruto, incrementado en un 20%. Este monto se abonaría dentro de los 10 días de la suscripción del acuerdo.
PRV 2: para empleados de 57 años o más (mujeres) y 62 años o más (hombres), consiste en una gratificación especial de tres sueldos brutos en un pago único, seguido de pagos mensuales equivalentes al 90% del mejor sueldo bruto hasta alcanzar la edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para hombres).
Como alternativa, pueden optar por un 70% del mejor sueldo bruto mensual, con un pago único adicional del 20% por cada cuota remanente.
Entre los considerandos, el proyecto establece que los empleados que accedan a cualquiera de los planes de retiro voluntario «no podrán volver a ser incorporados bajo ninguna modalidad de empleo o contratación de servicios u obra en RTA por el término de cinco años contados a partir de su baja».
Además, dentro de la resolución señalan que el Estado tiene potestad para aceptar y/o rechazar las solicitudes de retiro voluntario presentadas y dentro de rangos y criterios de oportunidad, mérito y conveniencia evaluados en cada caso.
