Quien lidera la movida es el fiscal Gerardo Pollicita luego de que una cuenta de Twitter amedrente al ex presidente y a uno de los fiscales que encabeza el juicio por la Causa Vialidad contra Cristina Kirchner.
Desde la custodia oficial de Mauricio Macri realizaron una denuncia este viernes luego de que el fundador de Juntos por el Cambio reciba amenazas de muerte y ahora fue el fiscal Gerardo Pollicita quien pidió por una investigación del mismo usuario que ya había expresado mensajes del mismo tipo contra Diego Luciani y otras personalidades.
En el texto que apuntaba contra el ex mandatario nacional, un usuario denominado @Luisanfer2442 se interrogó: «¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?».
Desde la misma cuenta, tiempo atrás se difundieron más mensajes violentos en amenaza a figuras como el fiscal Diego Luciani, quien hace algunas semanas emitió el pedido de condena contra Cristina Kirchner de 12 años de prisión e inhibición perpetua para ocupar cargos públicos a raíz de un presunto caso de corrupción enmarcado en la Causa Vialidad.
«Estoy pidiendo plata, para irte a matar a vos, a Luciani y a los jueces», escribió el 23 de agosto el mismo usuario a la dirigente del PRO Laura Alonso.
A partir de todo esto, Pollicita explicó: «Atento al estado inicial del sumario, aún no es posible determinar fehacientemente quién o quiénes podrían resultar imputados por el hecho investigado».
Luego pidió que «se amplíen las tareas encomendadas a la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal a fin de que se arbitren los medios necesarios con el objeto de identificar a la persona que utiliza el usuario @Luisanfer2442 y se rastreen todas las publicaciones del mismo vinculadas a los hechos objeto de investigación».
«Que se libere exhorto internacional a la empresa Twitter Inc c/o Trust & Safety – Legal Policy a fin de que aporten todas las constancias relativas al usuario @Luisanfer2442, IP de creación, número de teléfono, registros de sesiones Ip y la totalidad de los tuits, mensajes directos y multimedia del mismo, como así también a los efectos de preservar los registros por 90 días con la posibilidad de extenderse dicho plazo en caso de ser necesario», completó en este sentido.
Con esta solicitud del fiscal para impulsar una investigación, la apertura de una causa ya está encaminada por los delitos de «amenazas e intimidación pública».
