La noticia, justificada en una supuesta «falta de personal» por parte del organismo, fue confirmada este martes por su titular Felix Crous.
Luego de haber abandonado la querella en el juicio de las causas Hotesur/Los Sauces, la Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en causas penales por «falta de personal».
Así lo confirmó este martes el titular del organismo, Felix Crous, a través de una resolución firmada por la mañana.
“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina», explica el escrito y aclara: «En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”.
La decisión, cabe destacar, incluirá los expedientes de corrupción ligados a ex funcionarios kirchneristas y, por supuesto, a los que involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Respecto a la salida de la OA de la querella en el juicio de las causas Hotesur/Los Sauces confirmada en mayo, en ese entonces la decisión despertó las críticas de Juntos por el Cambio y una denuncia firmada por los legisladores Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid.
La decisión actual, explicó Crous, se apoya en uno de los últimos informes elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se hace referencia a “indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.
“Un análisis preliminar de la situación ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, continúa la resolución que argumenta la falta de personal y limitaciones presupuestarias necesarias para continuar con las querellas.
«La dotación de la OA sufrió una merma de 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones. A esas bajas se suma la situación generada por la promoción, durante la actual gestión, de cuatro agentes pertenecientes a la planta del organismo a cargos de Alta Dirección Pública de la estructura organizativa, que generaron a la vez nuevas vacantes en la planta de profesionales cuya cobertura no acompaña automáticamente a las bajas por promoción”, completa el escrito previo a aclarar que el Estado seguirá representando en los expedientes a través de los fiscales.
“La oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (art. 25 de la ley 27.148), circunstancia reconocida ya en la ley de creación (ley 25.233)», se explicó.
