Por su parte, el Municipio de Villa Gesell prohibió la venta y consumo de alcohol en la vía pública.
En medio de una marcha autoconvocada por centenares de personas realizada en la puerta del boliche Le Brique en reclamo por la muerte de Fernando Báez Sosa, la Justicia determinó la clausura del local, que desde el día del hecho, en la madrugada del sábado, funcionó ininterrumpidamente.
Algunos manifestantes venían reclamando la clausura de Le Brique tras el asesinato del joen de 19 años ya que consideraban que no podía seguir funcionando y abriendo sus puertas tras semejante hecho. Otros, en tanto, culpaban a los patovicas que echaron a los 10 detenidos del local y no ejercieron ningún tipo de seguimiento o vigilancia una vez que estaban en la calle.
El boliche, por su parte, siguió funcionando y sólo se limitó a difundir un comunicado lamentando el hecho y repudiando todo tipo de acto de violencia.
Le Brique fue clausurado por ReBA (Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas) que fiscaliza a todos los comerciantes que venden, suministran, y exhiben ese tipo de bebidas en toda la provincia de Buenos Aires.
En tanto, horas antes de esa decisión, el municipio de Villa Gesell emitió una resolución mediante la cual prohíbe y sanciona el consumo de alcohol en vía pública.
Dicha medida, se emparenta con normas ya vigentes y aplicadas desde hace algunas semanas en Mar del Plata, con restricciones absolutas para ingresar con bebidas alcohólicas a sectores de playa y otros espacios de acceso público.
El decreto municipal, que lleva las firma del intendente Guillermo Barrera, su jefe de Gabinete Cristian Angelini y el secretario de Seguridad Mauricio Andersen, prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en “la vía pública, playas, espacios públicos, interior de estadios, polideportivos u otros sitios de igual naturaleza”.
De esta manera, se intenta poner freno a la presencia del alcohol en playa, en gran medida a partir de los grupos de jóvenes que llegan a la costa con sus heladeras cargadas con botellas, latas y también jugos y gaseosas, que usan para combinar y preparar tragos.
En el documento, además, se marca una excepción: “Se podrán otorgar autorizaciones especiales para la venta en lugares públicos solo para el caso de eventos determinados, tales como exposiciones, ferias y similares”.
Al mismo tiempo, se advierte que las multas podrán ser de hasta $34.450 y se incautará la bebida en cuestión. Ahora, el Concejo Deliberante tiene un plazo de 48 horas para tratar la ordenanza. En caso de ser aprobada (se descuenta que será así debido a la mayoría de representantes del Frente de Todos en el Concejo), la normativa comenzará a regir a partir de este fin de semana.
