Los plazos de liquidación de las empresas emisoras complican la financiación de los comercios, especialmente los de menor facturación.
Por Roberto Pico
“Si no vendés con tarjeta no entra nadie y si vendes con tarjeta perdés plata. Eso pasa siempre cuando se dispara la inflación y suben las tasas como ahora”. Así empezó la charla con el comerciante Andrés Toburqui, que plantea una encrucijada mortal, especialmente para los pequeños comercios.
Toburqui siempre estuvo vinculado al comercio textil pero desde hace dos años decidió poner un local a la calle de ropa femenina en un barrio porteño de buen poder adquisitivo sin temerle a la competencia con las grandes marcas instaladas en un importante shopping cercano.
“Si caminas por el barrio y prestás atención vas a ver un montón de carteles que dicen ‘tarjetas suspendidas’, especialmente sin vendés mercadería, si ofrecés un servicio es distinto, explicó.
El veterano comerciante tiene razón. En tres cuadras a la redonda una casa de ropa, una ferretería y un bazar son algunos de los varios que no aceptan plásticos. En cambio, la nueva “barbería top” recién pegó los calcos con una amplia gama de tarjetas y promociones como arma de marketing.
¿Qué sucede con la venta de bienes en lugar de servicios? En la Argentina las tarjetas de crédito tienen un plazo de acreditación de las ventas de 18 días hábiles, que se transforman en 28 días corridos desde la compra.
En consecuencia, en momentos de alta inflación, incertidumbre financiera y tasas del 70% anual, este descalce provoca que los comerciantes puedan no cubrir los costos de reposición de los productos que ofrecen, sin tan siquiera retirar una mínima rentabilidad. Simple, en el caso de Toburqui vender una camisa de mujer a $ 500 el 1º de octubre le significó cobrarla el lunes 29, período en el que absorbió un 6% de costo financiero y luego tuvo que afrontar la recompra de la prenda con un 20% de incremento. Se esfumó su ganancia. En cambio, en el arte de cortar el pelo y la barba el profesional cede rentabilidad pero puede seguir adelante con su negocio.
Según la Cámara de Comercio el plazo de acreditación de los pagos en la Argentina es 14 veces mayor al de otros países de la región y reclamó la intervención del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional para regular estos plazos.
Aseguran que en una economía de libre competencia el dinero debe ser girado en menos de 24 horas.
La situación es más grave en el caso de las tarjetas de débito ya que a los consumidores se les descuenta la venta al instante y el comerciante recibe el pago a las 72 horas hábiles, que se pueden transformar en cinco días si existen fines de semanas o feriados en medio.
Esta situación se ve favorecida por la posición dominante que ejerce la empresa “Prisma Medios de Pago”, que es la encargada de prestar este servicio.
Desde hace más de dos años la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lleva adelante un proceso para obligar a Prisma a realizar una desinversión que permita introducir competencia en el sector.
Si bien con la presión oficial se logró una rebaja en las comisiones que cobra la empresa por cada transacción, la partición de la compañía sigue en veremos.
Prisma está compuesta por 14 bancos, que son los mismos que obtienen beneficios directos por el manejo financiero del dinero que administran.
Se esperaba que la operación de venta se concretase en septiembre pero la crisis cambiaria postergó la operación o probablemente haya actuado como la excusa justa para seguir pateando la pelota hacia adelante
Ahora el nuevo plazo fijado por Defensa de la Competencia es fines de enero de 2019 y como oferente más firme aparece Visa Internacional, que justamente también integra Prisma.
Los comercios aguardan ansiosos la posibilidad de elegir otros prestadores ya que en la actualidad son rehenes de un sistema de pagos que les resulta indispensable para conservar clientes pero que los condena en muchos casos a trabajar para cubrir los gastos.
Según un estudio del INDEC, los pagos con tarjetas de crédito aumentaron sólo en el sector supermercadista. La variación fue del orden de 10%, apoyada en las promociones que realizan estos centros de venta, principalmente apalancados con grandes bancos y con mejores condiciones de financiamiento ya que ellos también puede diferir los plazos de pago a sus proveedores.
Por ende, los comercios pugnan por cambios en las reglas de juego e insistirán ante los poderes del Estado para ajustar la normativa vigente.
