Aseguró que todas las contrataciones realizadas durante su gestión, fueron hechas «de acuerdo a la normativa vigente» en referencia a las acusaciones que lo imputan de haber beneficiado a la empresa constructora de las UPA en la provincia
El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli rechazó este jueves todas las acusaciones en su contra en el marco de la causa por irregularidades en los contratos de obra pública por 117 millones de pesos a la empresa encargada de construir nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).
Tras ser citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, el ex funcionario presentó un escrito en el que detalló que «todas las contrataciones» durante su gestión, fueron realizadas «en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los Organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad».
La causa apunta a que con tales maniobras en las que se involucró también al ex ministro de Salud provincial Alejandro Collia, Scioli quiso beneficiar al empresario Ricardo Miller, que le alquilaba y luego compró una posada a metros de La Ñata, la residencia ubicada en el Tigre. Esta entre otras irregularidades «demuestran un claro interés para beneficiar a la empresa de Miller», describe Garganta en su resolución.
En este sentido, Scioli negó toda alteración en «el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs para beneficiar a un proveedor determinado» al tiempo que explicó que «dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso»
«Por otro lado, jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor durante mi periodo como Gobernador, como se me imputa haberlo hecho«, aclaró.
El ex mandatario provincial argumentó con respecto a La Ñata: «Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona. La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía (ni cuya administración integraba) con una persona especializada en organización de eventos, y luego con una sociedad; ninguna de ellas proveedoras del gobierno provincial».
Y continuó: «Con respecto a la venta también mencionada en la imputación, fue efectuada en 2017, cuando ya no era Gobernador, a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha operación».
El ex gobernador insistió en esclarecer que todos los contratos fueron expedidos legalmente ya que los mismos «estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo». En tanto, aseguró que nunca influyó sobre «ningún funcionario para favorecer proveedor alguno«.
Por último, finalizó: «Es mi deber como hombre de la democracia responder a las acusaciones que los denunciantes, si existiera buena fe, tienen la libertad de realizar. Es mi voluntad, como lo hice desde el primer momento, despejar todas las dudas que existiesen«.
