Así lo decidió el fiscal Eduardo Taiano, al afirmar que se cometieron los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Fuentes judiciales aseguran que el fiscal Eduardo Taiano pidió este mediodía la indagatoria de su jefa, Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación, por las sospechas que surgieron por la compra venta del edificio de la calle Perón 667 donde están las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal.
El organismo que lidera la acusada pagó en julio de 2013 la suma de $ 43.850.000 por el lujoso inmueble.
Carbó había puesto al frente de la primera licitación desde que había comenzado su gestión en 2012, al licenciado en Economía y autotitulado experto en transparencia Guillermo Bellingi. Según su designación, el especialista dependía de manera «directa» de la procuradora. Como subdirector general de la Procuración, Bellingi intervino en la licitación y modificó una condición -en la segunda foja del proceso- que favoreció a la firma que finalmente resultó adjudicataria.
El Gobierno intentó desplazar sin éxito a la funcionaria y confía en que esta acusación puede desembocar en una embestida para sacarla del cargo. Ayer advirtió en una entrevista concedida a radio Con Vos que no piensa irse y dijo que en caso de que se firme un decreto para removerla, ella resistirá y recurrirá a la Justicia para evitarlo.
