La gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad, proporción “sorprendentemente elevada”, alertó Michelle Bachelet.
Mediante una presentación de un informe, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que las “principales instituciones y el estado de derecho en Venezuela estaban erosionados”.
Según lo publicado, cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio. La gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad, proporción “sorprendentemente elevada”, alertó Bachelet.
En su informe tras su visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, la expresidenta de Chile resaltó que “grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.
En sus conclusiones, Bachelet pidió disolver las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional venezolana, a las que achaca la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, registradas en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó a la agencia de noticias AFP una vocera, Ravina Shamdasani. Sin embargo, “otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, había resaltado Bachelet. Además, hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.
Para Juan Guaidó jefe del Parlamento autoproclamado presidente interino y reconocido por unos 50 países, el informe confirma “todas las denuncias que hemos realizado durante años”, y calificó al gobierno de Maduro de “dictadura sanguinaria”.
Por su parte, en respuesta, la administración de Maduro indicó que el ACNUDH “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en Venezuela.
