Axel Kicillof apura una solución para la toma en Guernica: ¿se aplica el modelo Grabois?

Quedan unas 400 familias en el predio de Presidente Perón. La oferta para que se vayan y el temor a un enfrentamiento.


Por Eduardo Paladini para Clarín.

Mientras gran parte de la atención se concentra en la pelea de los Etchevehere en Entre Ríos, la puja en el seno de una familia rica que se transformó también en batalla política, en Buenos Aires se mantiene viva otra toma mucho más densa y que refleja como pocas la realidad (crítica) del país. La ocupación de un enorme terreno en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, transcurre su tercer mes. Y el gobernador Axel Kicillof apuesta que no llegue al cuarto. En la Provincia creen que la solución está encaminada. Con el alerta siempre latente en situaciones de semejante sensibilidad.

Según confió a Clarín un dirigente del oficialismo que participa de las negociaciones con los ocupantes del predio, quedarían allí unas 400 familias. Según señaló este lunes por radio la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, se trataría del 15% de la gente que llegó a tener la toma en su pico máximo. En algún momento se habló de hasta unas 4.000 familias asentadas. Otras fuentes creen que ese es un número inflado, y nunca hubo más de 1.000 o 1.500.

Ocurre que ni siquiera es tan simple hacer el conteo. El número depende del día. Hay familias que entran y salen. U otras que van, arman una casilla precaria como sello de propiedad y monitorean desde afuera. «Uno de los lados de la toma queda enfrente de una villa. Hubo gente de ahí que fue, loteó y después siguió la toma desde su casa enfrente», apunta un funcionario.

Por la precariedad de la mayoría de las «casas» y la falta de servicios, un factor clave es el clima. Con las lluvias de los últimos días, bajó la cantidad de ocupantes. Y se analizó la posibilidad de aprovechar esa situación para acelerar el desalojo de los «rebeldes». El temor a un casi seguro enfrentamiento paró la idea. La idea fue y sigue siendo darle un cierre pacífico al conflicto.

«Con la mayoría de las familias que acordaron irse, se las anotó en Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y se les ofrece lotes con servicios en otro terreno en Presidente Perón. El tema es que eso puede demorar entre seis y ocho meses. Y muchos ocupantes nos dicen: ‘Si me vine acá, a la intemperie, es porque necesito una solución urgente'», amplía un funcionario. Ese nudo es el que intenta desarmar la Gobernación para evitar un desalojo violento. La duda es si podrá consensuar con todos.

«A un grupo se les va a dar lotes en terrenos fiscales y otros van a ir a vivir a refugios de transición, como los que tiene la Ciudad», agregó una fuente cercan a Kicillof.

Al menos dos ministros de Kicillof trabajan sobre el tema. El de Desarrollo, Andrés «Cuervo» Larroque, y el de Seguridad, Sergio Berni, con años de experiencia en acción social durante los primeros mandatos K. «Cada uno hace su tarea, pero acá no hay grieta», aseguró a este diario un fuente oficial sobre la relación entre ambos. Del otro lado de la mesa de negociaciones, hay «delegados» que responden básicamente a grupos piqueteros de izquierda, como el Polo Obrero.

Otro actor político de peso en la disputa es Juan Grabois. Reflejo de los tiempos que corren, el líder de la CTEP es por un lado abogado de Dolores Etchevehere, la hermana del ex titular de la Rural (Miguel Etchevehere) en la disputa por el campo familiar en Entre Ríos; y por el otro es el principal impulsor del modelo «lotes con servicios» que podría aplicarse como solución tomas como las de Guernica.

¿Qué implica ese modelo que adelantó este domingo Clarín? Que el Estado lotea y abastece de agua corriente, electricidad, gas y eventualmente cloacas a un predio, para que luego se construyan allí su vivienda las familias postergadas. Es una variante a la urbanización de barrios populares ya más consolidados que también se prevé en el marco del Renabap. Como contó este diario, el área encargada del tema estaba dentro del Ministerio de Hábitat y Vivienda que conduce María Eugenia Bielsa pero le fue transferido luego al de Desarrollo Social, que maneja Daniel Arroyo. Lo que no varió es la jefa de la oficina, Fernanda Miño, que responde justamente a Grabois.

El líder de la CTEP viene presionando en privado y en público para acelerar el plan, que tendría un presupuesto superior a los 40.000 millones de pesos. Ya hay un fideicomiso de unos 9.000 millones, pero el grueso saldrá, si se aprueba el proyecto, del 15% que se recaude por el llamado impuesto a las grandes fortunas que impulsa el kirchnerismo en el Congreso.

«Pero además -amplió una fuente de la Provincia a este diario-, Grabois lo que quiere es que en las obras no haya licitaciones que luego gane una empresa privada. El propone que las las hagan las cooperativas de los movimientos sociales, lo que garantizaría empleo también para esos sectores».

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