El presidente del máximo tribunal se comunicó con el ministro de Seguridad y acordaron aumentar la seguridad de los jueces en Santa Fe luego del pedido de un integrante del Consejo de la Magistratura.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti se comunicó con Aníbal Fernández y el Gobierno se comprometió a aumentar la seguridad alrededor de los jueces y fiscales juzgados federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
Ante las amenazas que sufrieron los responsables de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, el integrante del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones le había pedido a Rosatti que garantice la integridad y seguridad de los jueces y fiscales de la provincia.
«Desde allí es que se solicita que, de manera urgente, se efectúe una petición institucional a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para garantizar la debida protección y seguridad de los integrantes de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa, así como también de sus oficinas judiciales», indicaba el comunicado al que tuvo acceso Infobae.
El jueves a la noche, en la localidad de Trelew (Chubut), el senador Lisandro Enrico recibió un estremecedor mensaje: «Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona».
Ante esto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) difundió un comunicado repudiando lo sucedido y pidiendo por la seguridad de los involucrados a seguridad de los involucrados: «Instamos enérgicamente a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten todas las medidas conducentes, no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores a los fines de que los tribunales que correspondan determinen sus eventuales responsabilidades penales».
