El fiscal Jorge Di Lello pidió una serie de medidas de prueba en una causa iniciada contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por presuntos sobornos para favorecer al ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar “Caballo” Suárez.
La denuncia presenta varias particularidades: en primer lugar, uno de los denunciantes, Alejandro Giorgi, dice que le falsificaron la firma y que él nunca estampó la suya en la presentación, mientras que el abogado que lo patrocinaba está muerto desde hace un año.
Los otros dos denunciantes, Jorge Vargas y Rubén Moreira, otros integrantes de SOMU enfrentados a Suárez, tampoco se hacen cargo de la denuncia. En el escrito se acusa a Canicoba Corral de haber pactado el beneficio para Suárez por el pago de un millón de dólares a fines de 2015.
En la denuncia se afirma que el pago se hizo por parte del abogado Jorge Amor y que el dinero fue depositado por Ana María Viviana Tejada, la esposa del magistrado, en Uruguay. En el país vecino se habría blanqueado con la compra de una serie de lotes para una sociedad panameña llamada Leyra Co. Ltd y la uruguaya Solycor SA.
A pesar de estas situaciones, Di Lello impulsó la investigación para averiguar la supuesta falsificación de la firma de Giorgi y los presuntos sobornos recibidos por el magistrado para favorecer a un Suárez que hoy está detenido, por orden del propio Canicoba Corral.
Pidió a Bonadio que averigüe los datos relativos a Leyra Co. Ltda. y Solycor SA, y que investigue a Ana María Viviana Tejada y María Yamila Tejada, además de las propiedades que la denuncia identifica como pertenecientes a Canicoba Corral.
“Es totalmente falso. No es cierto nada de lo que se dice en esa denuncia. Es una típica operación de los servicios de inteligencia, o mejor de desinteligencia, porque todas las acusaciones son falsas”, sostuvo el juez, consultado por La Nación.
(Fuente: Será Justicia)
