La organización que critica la permisión para que extranjeros compren tierras, incluso en zonas limítrofes, es la protagonista del pedido hacia la justicia.
Una de las organizaciones civiles que solicitó la invalidación del DNU 70/23 del Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia ante la Justicia, alegando que la norma fue promulgada sin la intervención de los organismos técnico-jurídicos que la ley de procedimiento administrativo exige.
El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM La Plata) afirmó que «es claro, evidente e incontrastable que el DNU no ha contado con causa ni motivación». Esta organización solicitó la nulidad de la disposición que facilita la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso en zonas de frontera.
El CECIM denunció que el gobierno no requirió informes técnicos y jurídicos que respaldaran la derogación urgente, calificando esto como un «hecho nuevo». Además, expresó su preocupación, señalando que el decreto parece más un cumplimiento de deseos de estudios jurídicos que buscan adquirir tierras como commodities que una política pública estratégica consensuada para el desarrollo nacional.
El gobierno nacional, al responder a una solicitud de información pública de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, admitió que la confección del decreto «no contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos al dictado del mismo».
Por esta razón, el CECIM consideró que el decreto es «nulo de nulidad insanable», ya que carece de respaldo en dictámenes, informes técnicos y estudios.
El texto presentado ante el juzgado federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, añade que «los considerandos son el designio de un Ejecutivo que ha devenido en un Monarca Siglo XXI, que con un chasquido de dedos ha decidido borrar el artículo 1° y el artículo 29 de la Constitución Nacional».
La presentación concluye con la advertencia de que «la no impugnación del DNU, y el hecho de no hacer lugar a lo solicitado por esta parte en el escrito de demanda, acrecentarán la ya grave crisis de institucionalidad que estamos viviendo».
