La organización Movete Boedo Movete emitió un comunicado, solicitó la suspensión de la Asamblea del próximo 5 de octubre y advirtió de «posibles delitos de lavado de activo” en el club.
La agrupación de socios de San Lorenzo Movete Boedo Movete solicitó que se suspenda la Asamblea del próximo 5 de octubre al denunciar irregularidades en el club.
Según la organización, se destaca la ausencia de documentación de contratos millonarios y la desaparición del 10 por ciento del pase por la venta de un jugador.
En un comunicado, la agrupación opositora a la conducción del club advirtió que sigue siendo imposible saber la “real situación económica y financiera del club”, y dijeron que se mantiene el daño social y patrimonial a la institución.
De acuerdo con una resolución de la IGJ emitida meses atrás, “las autoridades del club no tuvieron argumentos para no entregar la información solicitada , siendo esta actitud jurídicamente insostenible”.
“Los denunciantes han intentado acceder a la documentación de manera justificada. Su requerimiento de informaciñón no resulta arbitrario o repentino como han manifestado las Autoridades, quienes han omitido su obligación de proveer información debida a los asociados y asambleístas y han suministrado datos falsos a la IGJ”, expresaron.
Por eso, la agrupación le reclamó a los asambleístas “no sean cómplices de los vaciadores” que administran San Lorenzo, entre los que apuntan al presidente.
“Denunciamos la falta de documentación respaldatoria que justifique los mutuos por más de 3 millones que los dirigentes pretenden cobrar sin mostrar un papel”, denunciaron.
“Instamos a la IGJ a que instrumente los mecanismos preliminares para la investigación de posibles delitos de lavado de activo en el club”, añadieron.
De este modo, Movete Boedo Movete busca que en la asamblea se le exija al club el acceso a la información real. Además, piden que los asambleístas obliguen a las autoridades a que brinden toda la documentación requerida por la IGJ.
Según describieron, las denuncias pusieron en relieve las “múltiples inobservancias estatutarias y sistemáticas violaciones a la legislación vigente por parte de los dirigentes, las mentiras que elaboraron ante la IGJ para evadir sus responsabilidades, los faltantes de documentación respaldatoria, y en suma el profundo daño social y patrimonial que soponía el tratamiento del Balance que se pretendía aprobar”.
“Todo ello decantó en que los dirigentes se vieran obligados a generar una instancia adicional en la que ustedes pudieran acrercarse a la Sede de Avenida La Plata a tomar vista de la información que creyeran necesaria para tener un panorama claro y completo de la real situación económica y financiera del ejercicio contable que se someterá a votación”.
“Se mantiene incólume el daño social y patrimonial que denunciamos y que decantó en la suspensión de la asamblea del 31 de julio pasado”, remarcaron.
