Sectores del kirchnerismo duro presionan para instalar en la agenda del Gobierno la situación judicial de Boudou y Milagro Sala. Reclaman que Fernández los indulte.
Por Emiliano Rodríguez para NA.
Referentes del kirchnerismo intensificaron en los últimos días su reclamo a la Justicia para lograr la liberación del ex vicepresidente Amado Boudou y de la líder de la agrupación Túpac Amaru, Milagro Sala, a quienes consideran como «presos políticos».
La demanda, que incluyó una solicitada en un diario porteño y la difusión de una carta pública, además de una convocatoria para marchar en respaldo de Sala en Jujuy y en la ciudad de Buenos Aires, también supone, para la Casa Rosada, esquirlas que pican cerca del presidente Alberto Fernández.
Porque además de las presiones a la Justicia, existe un reclamo de sectores afines al kirchnerismo, una suerte de clamor en ascenso, para que el jefe de Estado conceda indultos a ex funcionarios condenados por actos de corrupción, en especial, a Boudou y a Sala.
En este marco, Fernández insistió en bajarle el pulgar a esa posibilidad, pero solicitó al Poder Judicial revisar las causas, mientras Sala le exigió al presidente que celebre «acuerdos» para liberar a quienes ella también considera como «presos políticos».
«El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros», sostuvo la dirigente jujeña, que permanece detenida desde enero de 2016 y está condenada a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión.
Con el áspero mensaje que Sala envió al presidente de la Nación comulgan otros referentes del kirchnerismo duro, desde el piquetero Luis D’Elía hasta el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, en tanto la líder de la Túpac Amaru recibió en las últimas horas numerosas muestras de respaldo al cumplirse cinco años de su aprehensión.
En este contexto, se incrementó también la presión contra el Gobierno después de la solicitada de la semana pasada en favor de la liberación de otro condenado por corrupción, Boudou, sentenciado a cinco años y 10 meses de cárcel por el caso Ciccone (una pena ratificada por el máximo tribunal de Justicia del país en diciembre de 2020).
Fernández, que también suele cuestionar el accionar judicial en sus actos e impulsa una reforma de ese Poder, se ha visto forzado a incluir en sus declaraciones públicas el reclamo kirchnerista vinculado con los presuntos «presos políticos» en el país, aunque no se trata éste de un tema de agenda para el Gobierno (al menos por el momento).
En la Casa Rosada, se encuentran por estos días preocupados y concentrados en otros asuntos, como por ejemplo el aumento de casos de coronavirus que se registra en la Argentina y que, según médicos especialistas, consiste en una segunda ola de la pandemia de Covid-19.
Polémica por las vacunas
A propósito, este sábado llegaron al país 300.000 nuevas dosis de la vacuna rusa Sputnik V -que se complementan con las enviadas anteriormente- y en los próximos días comenzarán a ser distribuidas en todo el territorio nacional, mientras la Argentina superó esta semana las 45.000 muertes por la enfermedad.
En el marco de la campaña de vacunación que se lleva adelante, en la provincia de Buenos Aires intendentes y dirigentes de la oposición (radicales, de Juntos por el Cambio) alzaron en los últimos días su voz de protesta al señalar que referentes del Frente de Todos y en especial de La Cámpora buscaban comandar el proceso, salteando a las autoridades municipales.
El jefe comunal de Villarino, Carlos Bevilacqua, sostuvo que el municipio no se iba a hacer «responsable» si existía injerencia de «punteros» en la distribución de la Sputnik V en escuelas, en tanto su colega de Maipú, Matías Rappallini, planteó días atrás: «No se puede utilizar la vacuna para hacer política».
También se escucharon quejas procedentes de General Alvear, Lobería y Suipacha en este sentido, después del revuelo generado por las 400 dosis que se desperdiciaron en Olavarría luego de que se perdiera la cadena de frío.
De todos modos, dirigentes del radicalismo bonaerense también levantaron temperatura en las últimas horas por otro motivo: las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que se zambulló en la interna partidaria al brindar su respaldo a Daniel Salvador y fustigar a Gustavo Posse.
La agrupación que lidera el actual intendente de San Isidro le demanda a la conducción radical de la provincia, que encabeza Salvador, mayor protagonismo en el distrito en el marco de la alianza Juntos por el Cambio: «Ahora en campaña ellos prometen justamente lo que se les reclama desde hace tiempo», dijeron a NA fuentes vinculadas a Posse.
«Que Carrió te respalde es como pegarse un tiro en los pies», acotaron, después de que «Lilita» reapareciera en público y encendiera el ventilador: también habló de un presunto «pacto electoral» entre Cristian Ritondo, Emilio Monzó, Sergio Massa y Máximo Kirchner con vistas a los comicios legislativos de octubre próximo y al armado de listas.
Mientras tanto, en sintonía con otros intendentes de Juntos por el Cambio -integrantes del PRO- actualmente en funciones, Posse busca mayor injerencia en la toma de decisiones en la Provincia, con la mira enfocada tanto en la presidencia partidaria como en una eventual candidatura a gobernador bonaerense.
