El último incremento de la tarifa fue del 40 por ciento. Una asociación civil pidió la suspensión y el magistrado le dio tres días al Ministerio de Energía para que conteste.
Un juez federal le pidió un informe al Gobierno sobre el último aumento que tuvo la tarifa de gas antes de resolver el pedido de una asociación civil para frenar esa suba a nivel nacional en las zonas residenciales.
El juez federal de La Plata Adolfo Ziulu aceptó tratar el pedido de amparo colectivo de Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
CEPIS es curiosamente la misma entidad que inició la causa por la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó en 2016 el primer tarifazo de gas, lo que posteriormente generó que el Gobierno Nacional llamara a audiencias.
En esta oportunidad, la entidad reclama la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones 300 a 309 del ENARGAS a través de las cuáles se dispusieron un aumento del 40 por ciento en la tarifa del gas. Lo que manifiestan es que el aumento debe regir desde el 1 de mayo y no desde el 1 de abril, como está estipulado.
«Se encuentran reunidos los requisitos necesarios de viabilidad para una acción de índole colectiva, en razón de la idoneidad de quien los representa y la homogeneidad de las cuestiones individuales de hecho y derecho invocadas», manifestó el juez Ziulu.
Tanto ENARGAS como el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, tienen tres días para presentar un informe sobre la demanda presentada. Luego de eso el magistrado quedará en condiciones de resolver si acepta el pedido de medida cautelar o si lo rechaza, dejando el aumento de tarifas en la misma situación.
