Una auditoría interna expuso renegociaciones del contrato de una megaobra de una planta en Ensenada y falta de documentación respaldatoria, entre otras sospechas
Un informe que YPF le entregó a la Justicia revela irregularidades en el contrato para la construcción de una planta en Ensenada entre 2009 y 2013 por parte de Odebrecht. El costo de la obra fue de US$285 millones, una cifra que se sospecha fue duplicada en una renegociación y que complica tanto a la familia Eskenazi, en su momento al frente de la petrolera, como a Repsol, a Cristina Kirchner por su intervención y a la posterior participación de Miguel Galuccio.
Una investigación de La Nación realizada a partir de documentos y testimonios, apuntó a una subcontratación que benefició a la constructora de los Eskenazi, Petersen, que llevó a una renegociación del contrato que llevó a superar el doble del costo final de la obra, a su vez que expuso la entrega de un «premio» millonario a la Uocra regional de La Plata, que en ese entonces era encabezada por Juan Pablo «Pata» Medina.
A fines de 2016, luego de que trascendiera que Odebrecht había admitido el pago de sobornos en la Argentina y en otros países, el actual direcrtiorio de YPF decidió avanzar con la auditoría cuyos resultados preliminares fueron remitidos a Comodoro Py con el objetivo de aportar a la investigación ya en curso. Asimismo, la petrolera denunció el robo o extravío de documentación interna que fue buscada por meses sin éxito.
Investigaciones periodísticas ya habían revelado el hallazgo de planillas clandestinas de Odebrecht en las que se registraron «pagos indebidos» a una persona con el alias Pato, sin identificar, pero vinculada a la planta de Ensenada.
«No hubo sobreprecios con YPF», se defendieron desde Odebrecht al tiempo que argumentaron que los cambios del valor original tuvieron su raíz en «la ingeniería de detalle, los insumos locales y la mano de obra realmente necesaria» lo que resultó en una elevación del presupuesto.
En tanto, el comité ad hoc conformado por Fabián «Pepín» Rodríguez Simón (titular de la Comisión de Compliance), Carlos Felices (presidente del Comité de Auditoría) y Miguel Gutiérrez (el presidente de YPF), que realizó la auditoría interna en articulación con organismos externos, sacó a la luz cuatro posibles irregularidades: la subcontratación millonaria, la expansión del contrato, el «premio» a la Uocra y la documentación faltante o robada.
Subcontratación millonaria: Luego de que Sebastián Eskenazi firmó la adjudicación a Odebrecht por US$130 millones, los brasileños subcontrataron a la constructora Petersen, de los Eskenazi, por $29,6 millones, una operación que podría haber sido triangulada.
Voceros de Eskenazi negaron que tal operación fuera un delito o siquiera «repudiable éticamente», indicaron que la ejecución final se redujo a $17 millones y remarcaron que el análisis del proyecto debería analizarse «en su contexto».
Y defendieron: «Cuando llegamos a YPF, el contrato ya estaba preadjudicado por Repsol a Techint, nosotros logramos bajarlo y que a Odebrecht se le adjudicara solo un tramo por U$130 millones. Cuando nos fuimos, volvieron a subirlo a casi US$300 millones. ¿Quién actuó bien, entonces?».
A su vez, miembros de Techint defendieron en diálogo con La Nación su proceder. «En diciembre de 2007 participamos en el concurso privado para esa obra que lanzó YPF bajo gestión de Repsol con una oferta por 295 millones de dólares», indicaron. De ese monto global, abundaron desde Techint, «cerca de 150 millones de dólares correspondían a la compra de equipamiento».
Ese concurso se cayó a fines de 2008 y, ya con los Eskenazi dentro de YPF, se registró el segundo intento. «En abril de 2009 volvimos a participar, pero la modalidad contractual no incluía los equipamientos», aclararon desde Techint. Perdieron frente a Odebrecht, que llegó con el valor agregado del financiamiento del Bndes brasileño.
Expansión del contrato: en octubre de 2012 el contrato con Odebrecht que originalmente sumaba un costo de US$ 130 millones, se renegoció y amplió con otros US$ 96 millones, en tanto que, dos meses después, se fijó una consolidación final que resultó en una cifra de US$285 millones. Readecuaciones que, además, fueron ratificadas por una persona carente de autorización para aprobar sólo con su firma tales montos.
Por su parte, Galuccio, quien al momento ejercía su gestión, cuestionó la auditoría y la calificó de «inexacta» acusando a los Eskenazi de contar una versión acotada de los hechos. En este sentido, explicó a La Nación que el primer contrato se firmó por «290 millones de dólares» y que 120 millones fueron a la compra de equipamientos y, de esos, US$95 millones fueron a Odebrecht». «Nuestra gestión fue impecable, los valores originales se trastocaron por la inflación y por la ineficacia en la construcción. Teníamos una relación muy complicada con el Pata Medina», se defendió.
Premio Uocra: bajo el concepto de «final de obra», desde YPF se entregó a Odebrecht una partida de US$ 4 millones sin respaldo documental alguno, que se identificó como «premio Uocra», lo que Galuccio explicó como parte de un convenio colectivo que la petrolera estableció con YPF hace 10 años y que calificó de «superestándar» en todas las obras grandes.
Documentación faltante o robada: La actual cúpula de la YPF denunció la falta o robo de documentación, en especial, la vinculada al respaldo que Odebrecht debió presentar al momento del dobro de certificados de obra por casi US$ 70 millones de dólares, entre agosto de 2012 y mayo de 2013, cuando se renegoció y amplió el monto del contrato.
