El diputado del PRO Damián Arabia busca dejar sin efecto la obligatoriedad de los aportes que las bodegas deben realizar para sostener a esa entidad.
El diputado nacional Damián Arabia, cercano a Patricia Bullrich y conocido por haber impulsado la Ley Conan contra el maltrato animal, presentó un proyecto para derogar la Ley 25.849, norma que desde 2003 permite el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). El legislador, quien también es dueño del emprendimiento Finca Los Dioses, busca dejar sin efecto la obligatoriedad de los aportes que las bodegas deben realizar para el sostenimiento de esa entidad.
«Hoy presenté un proyecto para derogar la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina), una entidad que se financia con aportes obligatorios de todos los establecimientos vitivinícolas, estén o no asociados. Tenemos que terminar con los aportes compulsivos a cámaras, gremios o asociaciones. La asociación es un derecho, no una obligación», expresó Arabia al anunciar la iniciativa.
El diputado argumentó que «el Estado no debe imponer ni financiar estructuras corporativas obligatorias, ya que eso vulnera la libertad de asociación, desalienta la pluralidad institucional y distorsiona el funcionamiento del mercado». Consideró además que «la vitivinicultura, siendo una actividad esencialmente privada, debe organizarse de manera autónoma, sin intervención estatal ni recursos públicos asignados a intereses sectoriales».
El proyecto está acompañado por otros diputados del PRO como Gerardo Milman, Patricia Vásquez, Sergio Capozzi, Laura Rodríguez Machado, José Núñez, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti y Alejandro Bongiovanni, además de los libertarios Bertie Benegas Lynch y Emilia Orozco.
Hoy presenté un proyecto para derogar la COVIAR (Corporación Vitívinicola Argentina), una entidad que se financia con aportes obligatorios de todos los establecimientos vitivinícolas, estén o no asociados.
Tenemos que terminar con los aportes compulsivos a cámaras, gremios o… pic.twitter.com/R2q74buSiX
— DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) April 21, 2025
El texto afirma: «Lejos de cuestionar la existencia misma de Coviar o la legítima articulación de sus integrantes en pos del desarrollo del sector vitivinícola, este proyecto reconoce y respeta la libertad de asociación como un principio fundamental del orden republicano y del sistema de economía de mercado. Se afirma que el Estado no debe imponer, fomentar ni financiar organizaciones empresariales que pueden y deben surgir del acuerdo voluntario entre partes privadas, conforme al principio de subsidiariedad que rige en toda economía abierta».
Además, se indica que «la institucionalización forzosa de una corporación sectorial bajo el ropaje del derecho público no solo vulnera la autonomía de los productores, sino que distorsiona el funcionamiento del mercado y eventualmente comprometiendo recursos públicos en funciones que exceden el interés general y responden a intereses sectoriales».
Según el proyecto, «la Coviar debería ser una entidad privada y funcionar como cualquier asociación civil o cámara empresarial, sin estatus especial ni injerencia estatal. Es rigor, no se cuestiona su existencia, sino su carácter público-no estatal».
También sostiene que «asignar al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) funciones de asistencia, control o financiamiento sobre una entidad como Coviar, cuya misión es representar y coordinar al sector privado vitivinícola, genera una afectación indebida e injustificada a los recursos del Estado. Implica, además, un incremento de la burocracia administrativa y la asignación de funciones ajenas a las competencias originarias del INV, desvirtuando su finalidad como organismo técnico de fiscalización».
«Coviar cuenta con facultades suficientes para administrar sus propios recursos y organizarse como cámara o entidad civil de carácter privado, sin requerir injerencia estatal ni aportes públicos. Existen innumerables ejemplos de asociaciones empresarias que cumplen funciones similares —representación, articulación, planificación estratégica, promoción de mercados— sin necesidad de intervención estatal obligatoria ni reconocimiento jurídico especial», prosigue el texto.
En resumen, plantea que «los recursos asignados a este esquema podrían ser mejor utilizados en áreas esenciales como salud, educación o seguridad».
Desde la Coviar respondieron con firmeza. Mario González, presidente de la institución, manifestó: «Es un proyecto de ley con solo dos artículos, con una fundamentación muy básica, pero que ni siquiera en la misma ley se prevé. Desde los fundamentos que esgrime hay confusiones: tiene errores conceptuales muy grandes, en donde compara a la Coviar con una entidad empresaria, una cámara o una asociación. Esto es una institución creada por ley para ejecutar un plan estratégico vitivinícola. Algo que resulta superpositivo, que lo hacen el resto de los países del mundo».
González explicó que la Coviar se financia únicamente con aportes del sector privado y que «no tiene gasto el Estado». Aseguró que los montos exigidos son bajos y que los beneficios alcanzan a toda la cadena productiva: «La contribución por ley de una caja de vino cuyo valor es de $2500 tiene un beneficio de $0,49 por litro; una botella de $5957 tiene una contribución de $0,87 por litro. En todos los casos las incidencias van del 0,005% al 0,0020%».
El presidente de Coviar insistió: «Estamos trabajando por la vitivinicultura argentina, no por un grupo de productores vitivinícolas o por un grupo de bodegueros. Allí cada cámara gremial empresaria tiene sus objetivos, por supuesto. Allí cada uno decide ser socio o no. Acá la gran diferencia es que trabajamos por la vitivinicultura argentina y el país».
González también defendió el modelo de gestión: «La Argentina avanzó en el mismo sentido. Y fuera de los planes estratégicos, el resto de los países del mundo invierten sumas muy grandes, multiplicadas por cien nuestros presupuestos, para posicionar la vitivinicultura en el resto del mundo y en sus propios países, porque es un motor de desarrollo, porque es cultura, porque es parte de las marcas país de cada uno de estos países vitivinícolas».
En un contexto global adverso para la industria, González alertó: «Pensar en este tipo de cosas, es destruir algo que es superimportante para la vitivinicultura. Es un error muy grande. Hay que trabajar, redoblar los esfuerzos para seguir posicionando la vitivinicultura argentina». Y agregó: «Espero que puedan recapacitar y entender que esto no es un costo, una inversión y es ínfimo, absolutamente ínfimo».
Bodegas de Argentina no participa en COVIAR desde el año 2019. Decisión que se tomó debido a la falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión. Sin embargo, las empresas están obligadas por ley a aportar recursos a esta institución y son inmovilizadas sus +
— Bodegas de Argentina (@BodegasAR) April 22, 2025
Desde la red social X, Bodegas de Argentina recordó que no participa en la Coviar desde 2019: «La decisión se tomó debido a la falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión. Sin embargo, las empresas están obligadas por ley a aportar recursos a esta institución y son inmovilizadas sus operaciones, en caso de no hacerlo o presentar atrasos en los pagos. Celebramos las iniciativas de desregulación que permitirán a las bodegas cumplir con sus objetivos de manera más efectiva y eficiente«, expresaron.
La entidad añadió: «El vino argentino atraviesa un momento difícil, por lo que consideramos que llegó el momento de dejar de sostener de manera compulsiva a instituciones que no cumplen con su propósito y son parte de una carga impositiva imposible de sostener en este nuevo modelo. Por ello, apoyamos el anteproyecto del diputado Damián Arabia y todos aquellos tendientes a mejorar esta situación».
