Si en un plazo de 48 horas hábiles, sin contar el fin de semana, Odebrecht no acepta un acuerdo con el Estado Argentino, la Procuración del Tesoro demandará a la constructora ante a la justicia.
El borrador de la denuncia ya está escrito y se va a imputar a la compañía brasileña por “daños y perjuicios” en una cifra millonaria. El monto de los reclamos excederá varias veces los 35 millones de dólares de coimas que pagó Odebrecht: podría llegar hasta 20 veces.
Clarín confirmó el ultimátum, que incluiría otra decisión: sacarle el registro de proveedor del Estado para participar de la obra pública. Automáticamente haría caducar y caer las obras en ejecución.
La iniciativa es promovida por el flamante titular de la Procuración, Bernardo Saravia Frías, y sería fruto de las truncas negociaciones que -hasta ahora- la Casa Rosada sostiene con la constructora. El último contacto de Odebrecht y la Casa Rosada fue duro. En medio de una trifulca, Frías le recordó al abogado Guido Tawil: “Vos sos el abogado de una empresas corrupta”.
Al final hubo cierta paz y un compromiso de Odebrecht de responder a la brevedad que asumió el enviado brasileño Edgard Rocha Silva. La dureza de los funcionarios obedece a la intransigencia de la constructora. Frías prepara la mega-denuncia para cubrir la pasividad que la Casa Rosada mantuvo hasta ahora: en un “memo” a la Jefatura de Gabinete, afirma que el Gobierno está obligado a denunciar a Odebrecht.
La actual administración tiene un inadmisible récord: la Argentina es uno de los pocos países que no concretó un acuerdo para conocer quienes recibieron coimas . Marcelo Odebrecht reconoció que pagó sobornos en 12 naciones. En 9 de ellas ya existen convenios y se conoce la identidad de los funcionarios corruptos. Existen sólo tres países que siguen con demoras y dilaciones.
Este lamentable podio de impunidad es compartido por Angola, Venezuela y la propia Argentina. La denuncia de Odebrecht se conoció el 20 de diciembre. República Dominicana –y otros– iniciaron las actuaciones para conocer los nombres apenas 48 horas después. En cambio, la Argentina tardó la friolera de 5 meses y –está probado– que los funcionarios comenzaron a actuar luego de un anticipo de Clarín y de las comprometedoras denuncias de Elisa Carrió.
Las dilaciones confirman que existe un lobby de políticos, sindicalistas, empresarios , jueces y también operadores oficialistas cuyo objetivo es evitar que se conozca la verdad por el pago de sobornos. Muchos de ellos también protegen a Julio De Vido.
Carrió vivió un episodio singular durante una recepción al presidente de Italia. Un fuerte empresario de la construcción intentó compartir la mesa -y al lado – de la diputada. Pretendía entablar un diálogo directo, pero Carrió lo evitó y, para eso, contó con la complicidad José Torello: el asesor presidencial fue el encargado de cambiar de mesa los cartelitos identificatorios. En ese encuentro también se conoció una decisión que provocará temblor: el propio Miguel Gutierrez inició una investigación interna en YPF a raíz de los leoninos contratos que Miguel Galuccio aprobó justamente en beneficio de Odebrecht.
Durante su gestión, Galuccio duplicó -sin justificación- el pago a la compañía brasileña. El “Comité de Compliance” de YPF que preside Fabián Rodríguez Simón está a cargo de evaluar las denuncias. Ahora la Casa Rosada “sobreactúa” sus acciones, para compensar la pasividad inicial. Mauricio Macri dio la orden de que sepa todo. Según el Presidente, Odebrecht quiere involucrar indebidamente a su gobierno en la corrupción, como una estrategia defensiva de negociar. Pero existen problemas por los caminos iniciados: -La reunión de hoy en Brasilia con los fiscales sería un puntapié inicial que tiene incierto final. Tendrían que iniciar causas y bucear en miles de expedientes la información. Tardarían meses.
-El viaje de Germán Garavano a Washington choca con problemas. EE.UU. no otorga información hasta que concluya sus propios procesos judiciales. Y peor aún: en Washington tienen todos los datos de la llamada “Dirección de Coimas” de Odebrecht.
En febrero, el FBI avisó a la Argentina que había accedido a los archivos completos de la famosa “ División de Operaciones Estructuradas”. Pero ahora, Washington no estaría dispuesto a entregar –frente a las dilaciones- los nombres de los funcionarios corruptos. Antes reclaman garantías reales de que la Argentina va a actuar .
La ex canciller Susana Malcorra conoce estos detalles. También, sobre las repercusiones de la misión a China: la evaluación de la última gira es mucho más cauta que los resultados del marketing. La Secretaría de Comercio –de hecho- le está otorgando a dando a China estatus de “economía de mercado” cuando evalúa el ingreso de los productos de ese país al mercado argentino. Miguel Acevedo se refirió elípticamente a Miguel Braun cuando debutó como líder fabril: “China no es una economía de mercado”. El funcionario atraviesa un difícil momento, porque en Cambiemos, muchos objetan su inactividad frente a una tarea clave: impedir los abusos en las sensibles remarcaciones de alimentos.
Copyright Clarín, 2017.
