Los que declararon en causas contra el kirchnerismo temen por su seguridad.
Tras el triunfo del Frente de Todos en las elecciones presidenciales se multiplicaron los pedidos de testigos protegidos por causas de corrupción durante el kirchnerismo para que el programa al que se acogieron salga de la esfera del Gobierno para pasar al Poder Judicial.
Es por ello que, ante los pedidos, el presidente Mauricio Macri ya tiene a la firma un decreto que dispone transferirlo a la Cámara de Casación Penal.
Así, Macri firmaría en los próximos días un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con la transferencia del sistema de protección, que alcanza a 225 testigos y 97 familiares, a la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal, que preside Carlos Mahiques. En su gran mayoría, los arrepentidos pidieron ingresar por causas de narcotráfico, secuestros extorsivos y trata de personas.
José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz, son algunos de los testigos protegidos en causas de corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas.
“Hay que evaluar el momento para hacerlo, no hay que generar ruidos innecesarios en la transición”, reconocen desde el despacho presidencial, según detalla La Nación.
No son pocos los funcionarios de primera línea cerca de Mauricio Macri que creen que esta decisión podría generar una reacción de los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner.
Es que si bien los arrepentidos en las causas de corrupción representan una minoría “son poco más de 10), fueron clave para procesar y condenar a varios pesos pesados del kirchnerismo, como el exvicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, quien ayer pidió revisar la causa y sostuvo que se trató de “un circo armado para tapar medidas económicas y el malestar social”.
También el empresario kirchnerista Lázaro Báez fue señalado por las revelaciones de testigos protegidos.
