En la reunión, se redactó una carta, que será enviada a la Corte, donde se manifiesta que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se “robó” 500 mil millones de pesos.
En un encuentro en Casa de Gobierno, el Poder Ejecutivo consiguió finalmente el apoyo de 19 gobernadores en el conflicto por los fondos otorgados por Nación en virtud de la transferencia de la Policía porteña. Tras la reunión, se acordó que las provincias envíen una carta a la Corte Suprema para manifestar la inquietud ante la posibilidad de que fallen a favor del Gobierno porteño.
Luego de ser convocados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; asistieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende.
El conflicto se da luego de que Alberto Fernández redujo en 2020 el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de 3,5 a 2,32%. Esto se debe a que para su Gobierno, esa cifra resultaba excesiva. De esta manera, aseguraron que la Ciudad recibió más de 120 mil millones de pesos de más, hasta que se decidió retrotraer la cifra. No obstante, desde el Gobierno porteño, consideran que «no se recibió ni un peso de más».
Mientras tanto, el Gobierno nacional decidió llevar la discusión al Congreso, donde se sancionó una ley que fijó que el monto correspondiente debía ser 24.500 millones de pesos al año, actualizables trimestralmente por un coeficiente compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC).
No obstante, la decisión ahora recae en la Corte Suprema.
Con información de Clarín.
