Tras acordar con los bonistas más importantes, buscan el apoyo de fondos «independientes»

Desde Economía estiman que unos U$S10.000 millones o más están en manos de acreedores no alineados con los comités.


Tras lograr el acuerdo con los fondos más grandes, el Gobierno avanzará en negociaciones hasta fines de agosto que tienen que ver con sumar a ese consenso a un grupo numeroso de fondos que tienen unos U$S10.000 millones de deuda y que esperó como minoría «silenciosa» el avance de la negociación; y, también, lograr el apoyo internacional.

El ministro de Economía Martín Guzmán estimó que el canje representará un alivio de deuda para el país en los próximos cinco años cercano a los U$S42.500 millones. A esa ventana de ahorro se le sumará en las próximas semanas la reestructuración de los bonos bajo ley local, que serían otros U$S15.000 millones.

Tras resolver la negociación con los tenedores privados la idea es iniciar las conversaciones con el FMI para planificar la devolución de los U$S45.000 millones del préstamo a la gestión Macri. «No se puede pagar al FMI en los tiempos establecidos. Vamos a buscar un programa bien distinto, con premisas sensatas y discutir cómo debe ser la política fiscal y monetaria en momentos de recesión» ,dijo Guzmán.

En los próximos 20 días el Gobierno intentará 2 cosas: convencer a más bonistas para que se sumen al acuerdo y conseguir una mayoría casi total. Por otro, dejar un precedente para el resto de los emisores de deuda en los mercados internacionales.

Hacienda cree que este ejército de tenedores de deuda -que también incluye a los inversores retail o minoristas y otros tenedores institucionales- firmará al pie el acuerdo general. Si así sucediera, sumaría otros U$S10.000 millones más de bonistas al canje, un 15% del total en circulación.

Según informa TN, si logra este apoyo, Guzmán aseguraría que los respaldos de los acreedores superen los pisos mínimos establecidos por las cláusulas de acción colectiva de todos los bonos a reestructurar. La función de estas cláusulas es evitar que queden tenedores holdout (buitres). Si el Poder Ejecutivo consigue determinado porcentaje de aval, las condiciones de la propuesta de pago «derraman» hacia el 100% de los bonistas.

El apoyo internacional se buscará con una propuesta ante la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), que suele definir este tipo de cuestiones.

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