Es por no haber dado de baja a los más de 250 mil inscriptos que presentaban irregularidades. El fiscal Marijuan pide además una investigación por “incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”.
En la causa «Potenciar Trabajo», el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció penalmente a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. El representante del Ministerio Público reclama que de los más de 250.000 beneficiarios del programa, sólo se hayan suspendido 2243. La medida fue tomada tras la declaración testimonial del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del titular de AFIP, Carlos Castagneto.
La denuncia presentada por Marijuán marca que la presentación social “no cumple con los requisitos de otorgamiento para gran cantidad de beneficiarios”. Además le reprocha a la ministra que, ante el informe de la AFIP no cumplió con su función de dar de bajas a esos titulares o al menos solicitar que se releve del secreto fiscal a la AFIP y así investigar si, efectivamente, esos beneficiarios recibían un subsidio del Estado fuera de las normas.
El fiscal abrió una investigación preliminar donde solicitó que varios funcionarios declaren en calidad de testigos. Entre los citados se encuentran el titular de AFIP, Carlos Castagneto, quien ratificó los informes elaborados por el organismo. Explicó que los contenidos son “estadísticos” y no nominales por el “secreto fiscal” al que está impuesto el organismo recaudador; y precisó que solo un juez puede levantarlo de ese impedimento. El segundo en declarar fue Juan Manzur, quien declaró presentó un escrito donde respondió 11 preguntas y deslindó responsabilidades en Tolosa Paz.
¿Qué es el Potenciar Trabajo?
El Programa Potenciar Trabajo funciona bajo el ala de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. El dirigente social administrará en 2023 $594.285.915.597; un presupuesto más alto que el destinado a las políticas alimentarias, que es de $442.755.687.402; y casi la mitad de la partida presupuestaria que para el próximo año autorizó el Congreso para el ministerio de Tolosa Paz en un año electoral: $1.169.156.152.175, es decir más de un billón de pesos.
De acuerdo al informe oficial de la AFIP que obtuvo el fiscal, de los 1.383.279 beneficiarios de planes sociales analizados surge que:
– 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil;
– 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil;
– 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales;
– 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave;
– 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad;
– 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior;
– 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros;
– 209 poseen medicina prepaga o cobertura social;
– 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación;
– 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera; y
– 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.
