La pelea con los movimientos sociales viene desde hace al menos 10 años. El rol de La Cámpora y el factor electoral.
Por Eduardo Paladini para Clarín.
En conversaciones privadas, Sergio Berni suele jactarse de una prueba de fidelidad casi inédita en el mundo K: asegura ser el único dirigente de peso importado de Santa Cruz que jamás les hizo una interna a los Kirchner. Ni en el Sur ni cuando se mudaron a la gran ciudad. Esa marca de pureza, sin embargo, parece no haberle alcanzado para desplazar en el manejo de poder a uno de sus enemigos políticos históricos: el Movimiento Evita. Una puja que nació hace al menos 10 años y vuelve en estos días a su máxima tensión, con acusaciones cruzadas por la toma de terrenos en el Conurbano.
«Extorsionadores profesionales». Esa fue al definición que eligió Berni en 2010 para pedirles insistentemente a dos integrantes de la familia Kirchner que recortaran cargos y fondos al Evita. Con Alicia, Berni convivía en el ministerio de Desarrollo Social. A Néstor, aunque en lo formal era un diputado raso por la provincia de Buenos Aires, lo seguía considerando un jefe.
Por aquel entonces, la disputa era por el control de los planes Argentina Trabaja y se sumaba un tercer actor que se repite por estos días: los intendentes del PJ. Para dimensionar el botín político, hoy representan unos 570.000 «sueldos mensuales», que históricamente rondan la mitad del salario mínimo vital y móvil.
A la luz de los resultados, Berni y los intendentes perdieron. De entrada, porque Alberto Fernández, cuando asumió la presidencia, eligió repetir aquel esquema por el que los grupos piqueteros tenían (y tienen) referentes de los dos lados del mostrador: en la calle, reclamando mejoras sociales, y en la gestión, con cargos.
En el ministerio que ahora conduce Daniel Arroyo, uno de los jefes del Evita (Emilio Pérsico) tiene rango de secretario. Daniel Menéndez, del sector K de Barrios de Pie, también. Otro líder del Evita, Fernando «Chino» Navarro, directamente ocupa una oficina en la Casa Rosada: es el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete.
Navarro es con quien Berni tuvo el cruce más duro y público, con acusaciones por las tomas y amenazas de llevar el tema a la Justicia. Si el ex piquetero puede considerarse un dirigente cercano al Presidente, el encargado de la Seguridad bonaerense es hombre de Cristina Kirchner, «mi jefa política», según se encarga de remarcar periódicamente. ¿Otro capítulo más de las tensiones entre el Presidente y la vice?
La interna, en este caso, parece más compleja. Porque más allá de estos alineamientos y peleas dentro del kirchnerismo, si hubo un Gobierno que empoderó a los movimientos sociales fue el de Cambiemos. Un dato: el reparto de comida entre 2015 y 2019 se multiplicó por ocho (de uno a ocho millones de alimentos por mes) y se centralizó justamente en las organizaciones sociales. Con la pandemia, el problema se agudizo: según resume el ministro Arroyo, «en 15 días pasamos de darles de comer de 8 a 11 millones de personas».
En el marco de esa explosión de la demanda fue que se destapó un escándalo que aún investiga la Justicia. Una denuncia por sobreprecios en la compra de alimentos, que terminó con la salida de 15 funcionarios de Desarrollo Social, que en el reparto de poder interno respondían a los intendentes. En el revoleo, tambaleó también Laura Alonso, quien responde a La Cámpora y es la principal figura de la agrupación en el ministerio. Por eso, todas las miradas apuntaron a una filtración desde sectores vinculados a los movimiento sociales. Ellos lo niegan.
Como adelantó Pablo de León hace 10 días en Clarín, aquel episodio y la polémica por la toma de tierras habrían generado una fuerte acusación de Máximo Kirchner -jefe de La Cámpora- contra los referentes del Evita, ante Alberto Fernández.
Para entonces, se había generado una pelea por el manejo de viviendas en Quilmes, que tiene como intendenta a la camporista Mayra Mendoza. Ahora, la polémica más fuerte es sobre la masiva toma en el Partido de Presidente Perón, que conduce Blanca Cantero, del PJ y esposa Carlos Acuña, uno de los jefes de la CGT, cercano a su vez a Sergio Massa. Dentro del propio oficialismo apuntan al Evita y sectores vinculados a Juan Grabois.
Este último fue quien había adelantado que, por la situación social, se sucederían las tomas y las justifico por una cuestión de necesidad. Algunos lo tomaron casi como un anuncio. Salió a cruzarlo, entre otros, la ministra de Hábitat María Eugenia Bielsa. En el organigrama de esa cartera, hay gente que responde a Grabois. ¿Otra vez el enemigo adentro de casa?
Sin avalar tan explícitamente las tomas, hubo acciones y declaraciones de dirigentes del Evita que también generaron sospechas internas. Pérsico y Navarro, por un lado, salieron a cuestionar no sólo a Berni sino también a Sergio Massa, quien en su rol de vocero para la clase media dentro del Gobierno aseguró que podrían quitarles beneficios sociales a los que tomaran terrenos. Una amenaza que nadie cree que se concretará.
Por otro lado, hubo contacto de referentes del Evita con la intendenta de Presidente Perón y una diputada provincial del Frente de Todos presentó a mediados de agosto un proyecto para suspender «por el plazo de 180 días las acciones judiciales, trámites y/o diligencias que tengan por objeto ordenar y/o ejecutar el desalojo de inmuebles de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón». Lo presentó Patricia «La Colo» Cubría. Guernica es la localidad de la toma que altera al municipio. Cubría es la pareja de Pérsico, ambos padres de un pequeño de 7 años al que llamaron «Néstor».
«Ahí el Evita dejó de los dedos pegados», opinó un ex funcionario K con larga trayectoria en temas sociales. «Ese proyecto no pasó la Mesa de Entradas. El que se aprobó y promulgó como ley después, tenía la firma de Federico Otermín (titular de Diputados provincia) y Verónica Magario (vicegobernadora). Es decir, estaban todos de acuerdo», cruzaron desde el Evita.
Respecto a las tomas, el ex funcionario asegura que la de Guernica fue claramente organizada: «Espontánea puede ser la toma de cuatro borrachos que se meten en una casa abandonada. Cuando mueven 200 familias, hay un grupo atrás. Dentro de una villa, pueden ser hasta narcos. Pero este no es el caso».
El mismo dirigente advierte por la «falta de conducción», en la que incluye a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que buscó despegarse de las tomas con un argumento insólito: dijo que era un tema de «Hábitat y Vivienda». Teléfono para María Eugenia Bielsa. Luego reculó. «En La Matanza tomaron un predio, con casas terminadas para entregar, que custodiaba Gendarmería. Eso no puede pasar y es un claro ejemplo de falta de conducción», resume el dirigente.
El factor electoral
Esta disputa de poder interno tendrá seguramente su reflejo en 2021 en la Provincia y, quizás aún más, en el 2023. Si La Cámpora ya venía con tensión y terreno ganado antes los viejos caciques del PJ, se descuenta que los movimientos sociales también querrán ampliar sus espacios/cargos en los municipios. Y en esa lógica hay que enmarar también la disputa por el manejo actual de reparto de comida, otros fondos sociales y la llegada a ese grupo de vecinos/votantes más postergados.
Un caso emblemático es Moreno. Con más de 10 años como intendente, con períodos salteados desde 1995, Mariano West fue derrotado en la interna de 2015 por el camporista Walter Festa, quien terminó asumiendo ese año. De pésima gestión, Máximo Kirchner le quitó apoyo y esta vez el vencido en la interna fue él: cayó ante Mariel Fernández, dirigente del Movimiento Evita. ¿La Cámpora le dará vía libre a Fernández para la reelección o intentará recuperar su lugar?
