El Senado recibirá el próximo martes a la candidata a procuradora general de la Nación, Inés Weinberg de Roca, para evaluar su idoneidad para el cargo aunque su eventual aprobación o rechazo se mantiene en incógnita.
La candidata del presidente Mauricio Macri para ser la nueva jefa de los fiscales concurrirá a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que se reunirá a las 14:00 en el Salón Illia.
«Nosotros vamos a ir a escucharla, no hay nada definido todavía», señaló a NA un operador del Bloque Justicialista, cuyos votos son necesarios para que el oficialismo consiga tener un dictamen favorable de la comisión y más aún para la votación definitiva.
Es que para ser formalmente designada al frente del Ministerio Público Fiscal, Weinberg de Roca deberá contar con el apoyo de los dos tercios de los senadores presentes el día de la sesión, un número al que Cambiemos no puede llegar por sí solo.
La audiencia pública del 31 de agosto será un paso fundamental en ese camino, dado que allí los senadores le realizarán preguntas y evaluarán también las objeciones que su pliego recibió hasta el momento.
Entre las impugnaciones se destacan las que presentó la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.
La asociación encabezada por Estela de Carlotto consideró que la jurista «no posee un claro compromiso con los derechos humanos» porque «sus posiciones públicas no resultan coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina».
Abuelas sostuvo que como miembro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, al ser consultada por el proceso de justicia en ese país Weinberg contestó que sólo se «estaba generando prueba de un solo lado».
«Tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien», señaló Weinberg en esa oportunidad, según la impugnación de Abuelas de Plaza de Mayo.
Por su parte, Tailhade la impugnó, según dijo, por no haber declarado ante el Consejo de la Magistratura la remuneración que percibía por integrar el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas.
Tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó como procuradora, en diciembre pasado, el Ministerio Público Fiscal quedó de manera interina en manos de Eduardo Casal.
Fuente: NA
