Luego de ratificar el veto a la movilidad previsional, el Senado debate por la ley que garantiza el funcionamiento de las universidades.
Luego de horas de incertidumbre donde se elevaba la posibilidad de que se caiga la sesión en la Cámara de senadores por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición, en Labor parlamentaria se confirmó que este jueves se debatirá en el recinto la Boleta Única de Papel y la ley que garantiza el financiamiento a las universidades. En tanto, el debate por los 100 mil millones de pesos destinados a gastos reservados de la SIDE quedará para la semana que viene.
Sin tanto margen, la cámara alta debatirá este jueves la implementación de la boleta única de cara a los comicios legislativos del 2025. El proyecto que encabeza la vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel es la continuidad de aquel proyecto votado en 2022 en Diputados, es por este motivo que deberá pasar una revisión en la cámara baja del parlamento para ser aprobado definitivamente.
Dicho cambio electoral se adaptaría al modelo mendocino por sobre el cordobés, que a pesar de ser bastante similares, la diferencia entre una y otra es que, según lo consensuado entre dialoguistas y el oficialismo, es que el sistema cuyano presenta mejor adaptabilidad si los cargos aparecieran sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, y los partidos o alianzas, en filas verticales.
Al tratarse de un área electoral, la BUP precisa la mayoría absoluta de votos en el recinto (37 votos) y no puede ser desempatada por Villarruel. Es decir, el oficialismo y la oposición dialoguista están más que justos, y la resolución será a todo o nada.
En tanto para la Ley que garantiza el financiamiento a las universidades, es otro proyecto que seguro exponga al Gobierno a otro veto presidencial y que despierte otra jornada como la vivida durante la votación por la reforma jubilatoria. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión activa una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta que se sancione la ley, y estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
