Es para aquellos que tengan antecedentes judiciales. Se trata de un protocolo al que ya adhirió Buenos Aires en diciembre último y que podrá a disposición de la Justicia la información necesitada que posea Migraciones
El Gobierno suscribió a un protocolo de acción con 6 provincias para así «generar procesos de información más fluidos» para acelerar la deportación de extranjeros que cometan delitos, los reincidentes y prohibir el ingreso de aquellos que ya tengan una causa judicial abierta en el país. De esta manera, los fiscales y jueces provinciales podrán pedir información a Migraciones para accionar en este tipo de casos.
Las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Santa Cruz se adhirieron a este acuerdo al que ya había suscripto Buenos Aires en diciembre del 2017. El Ejecutivo avanza de esta manera en el endurecimiento de su política migratoria.
El director nacional de Migraciones, Horacio García, explicó que el fin es «ofrecerles a los actores fundamentales de los procesos de decisión, que son los Procuradores, las herramientas que tiene Migraciones, que son muchas» y aseguró que «todos los fiscales con causas con extranjeros en conflictos con la ley» pueden solicitarle información al organismo.
Además, el convenio reza que Migraciones deberá dictar cursos de especialización sobre normativa aplicable al proceso de admisión de extranjeros y control de permanencia en el territorio nacional; principales maniobras delictivas detectadas que se encuentren vinculadas al ingreso y/o egreso de personas al país,; análisis de casos prácticos y jurisprudencia en la materia y problemática de su gestión en sede administrativa y judicial.
Este convenio fue suscripto entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; la dirección de Migraciones; representantes del Consejo de Política Criminal de la República Argentina y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
