En medio de manifestaciones que dejaron hasta el momento 12 muertos, el poder judicial extendió la detención del expresidente. El Congreso analiza adelantar las elecciones presidenciales.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, quedará detenido con prisión preventiva hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de autogolpe de Estado, mientras las protestas que piden el cierre del Congreso y adelanto de elecciones ya dejan diez fallecidos.
Castillo, recluido en una prisión policial al este de Lima desde esa fecha, permanecerá en la cárcel al menos hasta junio de 2024, consignó la agencia AFP.
«Ya sabíamos lo que se venía (…) No hemos estado en la audiencia porque no íbamos a ser parte de este carnaval», dijo a la prensa Ronald Atencio, abogado de Castillo. La defensa dijo que apelará.
El exgobernante es acusado de los delitos de rebelión y conspiración, por tratar de dar un golpe de estado, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en «flagrancia» cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo.
Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró este jueves fundado un pedido de la fiscalía para detener a Castillo preventivamente por 18 meses, porque considera que existe «peligro de fuga» del exmandatario, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre, según el texto de la sentencia.
Por otra parte, movilizaciones populares se mantienen; especialmente en el interior del país. La Defensoría del Pueblo dijo que dos personas fallecieron tras un violento enfrentamiento entre manifestantes y militares en el aeropuerto de Ayacucho (sur), subiendo a una decena las muertes desde que estallaron las protestas.
El estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. «Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero», dijo la Defensoría.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
