Unas 25 empresas líderes en consumo masivo actualmente están elevando a las autoridades de Comercio la lista de los productos y la propuesta de ajuste de precio de la nueva canasta de bienes esenciales.
Por Liliana Franco para Ámbito.
Las autoridades de la Secretaría de Comercio y las principales empresas de consumo masivo avanzan en la conformación de la canasta de más de 100 productos básicos cuyos precios se mantendrán congelados hasta octubre, en un intento oficial por defender el poder adquisitivo de la población. El objetivo de la cartera que dirige Paula Español es que estas canastas se encuentren en los canales de compra a partir de mayo.
Mientras esta iniciativa ha sido bien recibida, en general por las empresas, ya que reemplazaría al sistema de Precios Máximos, en el sector también existe preocupación por la norma que dispone la autorización previa de las autoridades del lanzamiento de nuevos productos. Al respecto, fuentes del sector anticipan que COPAL, entidad que agrupa a la industria alimenticia, realizará en breve una presentación ante la Secretaria de Comercio.
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Unas 25 empresas líderes en consumo masivo actualmente están elevando a las autoridades de Comercio la lista de los productos y la propuesta de ajuste de precio de la nueva canasta de bienes esenciales.
El universo abarca a firmas de la talla de Arcor, Procter & Gamble, Mondelez, Danone, Molinos Río de la Plata, Mastellone, Morixe, Unilever, Las Marías, Bimbo, Danone, Alicorp, AGD, Bunge, Molino Cañuelas y La Virginia, entre otras.
Cada una de estas empresas está proponiendo en promedio un conjunto de unos tres a cinco productos que conformarían la nueva canasta. Se estima en medios empresarios que estos artículos tendrían un ajuste del orden de 5% en sus precios, para luego permanecer congelados. Si se diera este incremento, se especula, la mayoría podría estar en “la línea de flotación”, pero los empresarios temen que en un par de meses puedan volver a tener rentabilidad negativa.
A esto se suma la incertidumbre sobre la evolución de determinados costos. Uno de los que más preocupa a la industria es el precio del gas, ya que primeros informes del sector advierten que podría haber subas tan importantes como del 100%.
Una de las objeciones del sector es la imposición de las autoridades de Comercio de obligar a fijar el precio en las etiquetas, un tema que – sostienen- traería innumerables problemas de producción y económicos.
Es más la mayoría de las empresas ya manifestó ante las autoridades la imposibilidad técnica de llevarlo a cabo. Si bien aún la Secretaría no eliminó esta exigencia fuentes de la industria esperan que no se insistirá con esta medida.
De todas formas, se lo considera a este nuevo acuerdo como un paso necesario para salir de la política de precios máximos y responder a la demanda de las autoridades de mostrar estabilidad en los valores de productos que tienen fuerte incidencia en la canasta de consumo de los sectores populares.
Tomando los datos del INDEC, las cifras de los directivos de las empresas muestran que los productos controlados han tenido subas muy acotadas, “contra aumentos de los costos que en algunos casos llegan al 50, 60% o más” afirman. Citan como casos la harina común, con un incremento de 3,9% en el año comprendido entre marzo de 2020 y el mes pasado, azúcar, 11,6%, fideos guiseros, 13%, arroz blanco, 16,2% y galletitas de agua, 16,2%, comentan en el sector alimenticio.
La aspiración de la Secretaría de Comercio es que, además, este centenar de productos esenciales a acordar se encuentren a los valores fijados no sólo en los supermercados, sino en todas las bocas de expendio (distribuidores, mayoristas, supermercados chinos).
El desafío, se considera en medios de la industria, es grande ya que la presencia de distintos intermediarios entre las fábricas y los diferentes comercios (para los pequeños comercios hay más intermediarios) torna compleja la posibilidad de mantener precios uniformes. Pero los funcionarios del Ministerio de Producción apuntan a que todas las bocas de expendio respeten los precios fijados.
Por otra parte, las empresas enfrentan una demanda que se ha ido debilitando en las últimas semanas. Estudios sectoriales arrojan que la venta de productos de consumo masivo registra recientemente caídas del orden de 10% a 15% en comparación con los niveles registrados en igual momento de 2019, es decir antes de la pandemia. La retracción del consumo no extraña en un contexto de aceleración de la inflación y en condiciones de alto desempleo.
Preocupación por el SIFIRE
En tanto, existe preocupación entre las empresas por la puesta en vigencia, a partir de mayo venidero, del Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE) “con el objetivo de prevenir engaños en la veracidad de la información que contienen los rótulos o etiquetas, y garantizar la transparencia y competencia leal entre los distintos bienes disponibles en las góndolas”, según reza la norma oficial.
Los rubros alcanzados por el SIFIRE son los alimentos, bebidas, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica aptos para el consumo. Se trata de un sistema de carácter obligatorio, que revisa que todos los bienes de las categorías alcanzadas, los que deben pasar por el proceso de fiscalización antes de su comercialización dentro del territorio nacional.
En la práctica, explican los empresarios, ningún producto podrá salir al mercado sin la previa aprobación de la Secretaría de Comercio, “cuando antes nadie preguntaba cuánto iba a costar y solo era necesaria la aprobación sanitaria”. Más allá del nuevo control, uno de los temas que genera incertidumbre es qué sucederá si la autoridad rechaza el pedido.
Asimismo, la decisión de lanzar un nuevo producto implica tiempo y costos en varias áreas de la empresa que, de aplicarse esta reglamentación, desalentaría dicha inversión, comentan fuentes del sector.
Finalmente otro tema de preocupación de las empresas es el ausentismo por Covid-19. “Se estima que aproximadamente el nivel de ausentismo llega entre 10 a 15%” y temen que de continuar esta situación sanitaria esta cifra se incremente.
