La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Mario Doñate y Rodolfo Tailhade.
El ex ministro de Energía Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron citados a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga la compra de gas a Chile y el presunto beneficio económico que habría obtenido el ex funcionario como accionista de Shell.
La causa se abrió en 2016 a partir de una denuncia presentada por el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade y quedó en manos del juez federal Luis Rodríguez, quien citó al ex funcionario y a la secretaria de Estado para los días 20 y 21 de noviembre.
La denuncia apunta en primer término a Aranguren, por haber asumido en el Ministerio de Energía siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC, con lo que habría incurrido en una «incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de interés», según el denunciante.
Respecto de Alonso, la denuncia es por el presunto encubrimiento del ex ministro dado que como responsable de la Oficina Anticorrupción debía haber investigado la incompatibilidad que se le imputa.
La causa investiga las decisiones adoptadas por Aranguren durante su gestión que podrían haber beneficiado a la empresa Shell y por extensión a sí mismo, como accionista de esa empresa, entre ellas, la compra de gas a Chile.
Poco después de asumir como ministro de Energía y Minería, Aranguren presentó su declaración jurada, en donde señalaba que poseía acciones «clase A» de Royal Dutch Shell PLC, casa matriz de la multinacional.
Los denunciantes afirmaron en su presentación que el entonces ministro favoreció a esa empresa mediante el aumento de las tarifas de gas, la compra de gas a Chile y las operaciones de importación de gasoil, entre otras medidas.
La denuncia se basa en la Ley de Ética Pública, que en su artículo 13 indica que «es incompatible con el ejercicio de la función pública (…) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa» en esa actividad.
Fuente: NA
