Se lanzaron tras la derrota de 2009. Y una decisión clave les abrió la puerta a los movimientos que hoy cuestiona.
Por Eduardo Paladini para Clarín.
La durísima derrota electoral del Frente para la Victoria en las legislativas de 2009 sacudió fuerte a aquel primer gobierno de Cristina Kirchner. De ese golpe político nacieron, por ejemplo, las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) y se cortó el financiamiento privado para las campañas electorales. Y en materia social, a mediados de agosto de ese año, se lanzó un nuevo plan de empleo. Aún hoy puede leerse aquel anuncio en la web oficial de Casa Rosada:
«La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto de lanzamiento de un nuevo plan de políticas sociales, junto a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner… El proyecto contempla la creación masiva de cooperativas sociales en todo el país y prevé la apertura de más de 100 mil fuentes de trabajo, con una inversión de nueve mil millones de pesos por parte del Estado nacional…»
«De esta manera, el Gobierno nacional, con la participación de las provincias y municipios, tiene el propósito de poner en marcha miles de cooperativas, especialmente aquellas dedicadas a la infraestructura básica. Los trabajos incluirán desde el pintado de cordones y escuelas hasta la construcción de redes cloacales y veredas».
Menos formal, un ex funcionario que participó de aquel proceso, lo recuerda con otros detalles: «Apenas llegamos al Gobierno, en 2003, el trabajo de Desarrollo Social era repartir fideos y planes. Venías de la crisis. Pero con la recuperación económica, los planes fueron bajando, mucho, hasta que se pierde en 2009 y se lanza el plan Argentina Trabaja, lo que hoy se conoce como Potenciar Trabajo».
El dirigente K sigue: «Cuando se lanzó, la idea era canalizarlo a través de cooperativas en los municipios. Pero entonces, el Evita, con Emilio (Pérsico) a la cabeza, motorizó el primer acampe contra Alicia (Kirchner). Entonces, el Evita era aliado y muchísimo más fuerte que La Cámpora. Acamparon más de un día frente a Desarrollo Social (una crónica de Clarín habla de 31 horas de protesta), con organizaciones satélite, para que el Gobierno rompiera con los intendentes y acordara con ellos. ¿Y cómo se levantó el acampe? Lo levantó Néstor (Kirchner), dándoles un cupo a las orgas. Eso, de alguna manera, abrió el grifo que ahora reclama cerrar Cristina».
Macri los amplió y Alberto los puso a ambos lados del mostrador
Según el mismo relato, una parte de los argumentos de la ex presidenta sería cierta: baja la gestión de su cuñada, en Desarrollo Social nunca se cedió el manejo de las Unidades Ejecutoras a través de las cuales se canalizaban y se daban de alta o de baja los planes. Eso, coinciden distintas fuentes, se cortó con el macrismo. Es una de las críticas y autocríticas más escuchadas hoy en el sector duro del PRO.
Para garantizar la paz social, la entonces ministra Carolina Stanley, con la venia del presidente Mauricio Macri, no sólo amplió la cantidad de planes sino que cedió el manejo a las organizaciones piqueteras. En particular, al llamado trío San Cayetano: el Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. También ganó poder el Polo Obrero, desde un lugar más opositor aún.
Con la vuelta del kirchnerismo al poder, ahora bajo el paraguas de Alberto Fernández, en 2019 se rearmó un esquema cuanto menos cuestionable: los movimientos sociales quedaron a ambos lados del mostrador. En la calle reclamando más fondos y en Desarrollo Social decidiendo el destino de esa plata desde cargos clave para el propio Pérsico, Daniel Menéndez o gente de Juan Grabois. El reparto, claro, también incluyó a La Cámpora, que maneja un presupuesto multimillonario (a través de Laura Alonso), pero de reparto a priori menos discrecional: la Tarjeta Alimentar.
Otro ex funcionario, crítico de la situación actual y del poder que acumularon los piqueteros oficialistas, cuenta: «Tenerlos de los dos lados del mostrador hace que el Polo Obrero, con el guiño el Evita, proteste en la calle, después consiguen más planes y se los reparten entre las dos organizaciones».
El Potenciar Trabajo hoy tiene 1,2 millón de beneficiarios. Según ese mismo ex funcionario, «el Evita, en primera persona o a través de organizaciones afines como La Dignidad o el MTE, debe manejar el 60% o 70% de esos planes». Cada programa implica actualmente unos 19.500 pesos por mes, por beneficiario. En agosto se irá a $ 22.000, acompañando la suba del Salario Mínimo. Representa el 50% de ese parámetro.
«Pero hay otra canilla, que pocos ven y es casi tan importante como los Potenciar, que es la plata que se reparte para que las organizaciones compren mercadería para los comedores», cierra una fuente que de todos modos reconoce, como hizo este martes Alberto Fernández, que el rol de estos grupos en la contención social resulta innegable. El debate es a qué costo.
