El Gobierno de la Ciudad planteó que se conceda una apelación con “carácter suspensivo”, es decir, mientras se tramita el recurso el sistema vuelva a cobrar vigencia.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidió revocar la decisión del juez, Roberto Gallardo, de suspender el sistema de reconocimiento facial callejero de prófugos tras detectar que mediante ese sistema se consignaron datos de unos diez millones de personas que no revestían esa condición.
Mediante un escrito de 33 páginas, el Gobierno porteño planteó que se conceda una apelación con “carácter suspensivo”, es decir, mientras se tramita el recurso el sistema de reconocimiento facial vuelva a cobrar vigencia.
Sobre los datos de personajes públicos encontrados por el juez Gallardo, desde el presidente, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Kirchner, hasta Esmeralda Mitre y Hebe de Bonafini, entre otras, el escrito del Gobierno porteño sostuvo que “de tener sospechas de alguna irregularidad acerca de la razón por la cual se habrían encontrado datos biométricos de personas que no se encontraban prófugos, debió dar intervención a la justicia penal”.
El escrito no explica por qué fueron recolectados más de nueve millones de datos biométricos cuando la cantidad de prófugos no supera los 40 mil. El apoderado del gobierno porteño, Diego Sebastián Farjat, denunció la “violación al debido proceso legal” y reclamó la “nulidad de los allanamientos llevados a cabo en el Ministerio de Justicia y Seguridad y en el Centro de Monitoreo Urbano”.
“El magistrado ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte”, sostuvo y consideran que la resolución del juez Gallardo “no explica de qué forma la implementación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos incida de forma suficientemente directa o sustancial sobre ciudadano alguno”.
“Los supuestos perjuicios que se invocan son meramente hipotéticos y conjeturales”, sostuvo la presentación. El escrito resumió que “la sentencia constituye una intromisión del Poder Judicial en facultades que son propias de la Administración”, según detalló NA.
