El oficialismo, el PRO y los bloques aliados buscan aprobar un nuevo Régimen Penal Juvenil en un plenario conjunto de cuatro comisiones: cuándo podría ser ley.
En un plenario conjunto de cuatro comisiones, el Gobierno, el PRO y bloques aliados intentarán avanzar este martes en la aprobación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y una serie de medidas integrales para abordar el delito juvenil.
La iniciativa, resistida por el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica, busca reemplazar una normativa vigente desde la última dictadura militar.
El debate se aceleró tras el crimen de Kim Gómez, una niña de 7 años asesinada por dos adolescentes de 14 y 17 años en un violento robo automotor. El caso reavivó la discusión sobre la edad de punibilidad y colocó el tema en el centro de la agenda legislativa.
Si bien existen 15 proyectos presentados, uno de ellos, consensuado entre diferentes espacios políticos, será debatido por más de 100 diputados en las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Presupuesto y Justicia.
Reforma integral: penas, medidas complementarias y garantías
La iniciativa propone derogar la Ley 22.278, vigente desde 1980, y crear un sistema con nuevos estándares internacionales en derechos de la infancia, conforme a tratados firmados por la Argentina. El texto elaborado tras ocho sesiones informativas contiene 53 artículos distribuidos en once capítulos.
Desde el massismo, Ramiro Gutiérrez también presentó un proyecto que fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad. En tanto, el presidente Javier Milei ya había manifestado su postura al respecto con la frase “delito de adulto, pena de adulto”, lo que endureció la posición de los sectores que se oponen a la reforma.
El nuevo régimen penal se aplicará a adolescentes entre 14 y 18 años y establecerá la edad al momento del hecho como criterio legal. Aunque el oficialismo impulsa esta baja de imputabilidad, aclara que no implica que todos los menores terminarán presos, sino que prevé un sistema progresivo y con penas alternativas, de acuerdo a la gravedad del delito.
Entre las medidas complementarias que acompañarán las sanciones, se destacan:
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Asesoramiento interdisciplinario
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Inclusión educativa y cultural
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Tratamiento médico o psicológico
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Capacitación laboral
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Prohibición del consumo de sustancias
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Comparecencia ante el tribunal
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Continuidad escolar garantizada
También se prevé un catálogo de penas alternativas a la prisión, como:
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Amonestaciones
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Prohibiciones de acercamiento a la víctima
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Servicios comunitarios
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Monitoreo electrónico
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Reparación del daño causado
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Prohibición de conducir
La prisión quedará reservada como última instancia, limitada a los delitos más graves y bajo fundamentos específicos. Asimismo, se prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores y se establece un límite máximo de cumplimiento efectivo. También se contempla la posibilidad de sustituir parte de la pena tras cumplir dos tercios, bajo control judicial.
Un proyecto que busca llenar vacíos legales y proteger derechos
Uno de los puntos que generó mayor consenso es evitar que los menores cumplan condenas en cárceles comunes o junto a adultos, y establecer criterios especiales de internación con seguimiento del fuero civil.
Durante el tratamiento legislativo se destacó la situación actual de menores de 16 años detenidos en distintas provincias, a pesar de que la ley vigente los considera no punibles. Legisladores de distintas bancadas reconocieron que hoy los jueces recurren a medidas tutelares para mantenerlos detenidos sin juicio formal ni garantías mínimas.
Este vacío legal aparece como uno de los motores centrales de la reforma, que también contempla principios rectores del régimen, como:
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Legalidad y debido proceso
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In dubio pro minoris
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Proporcionalidad de las sanciones
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Resocialización y educación como fines del sistema
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Celeridad procesal
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Participación activa del adolescente
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Obligación estatal de garantizar salud, educación y orientación laboral
El proyecto que será discutido surgió de un proceso de consultas con especialistas, incluso neurólogos, que aportaron evidencia científica sobre la capacidad de los adolescentes de 14 años para comprender la ilicitud de sus actos.
Uno de los rechazos más firmes llegó este fin de semana de parte de monseñor Dante Braida, titular de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, quien declaró: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.
La discusión, que moviliza posiciones encontradas dentro y fuera del Congreso, buscará este martes dar un primer paso formal en Diputados con un dictamen de mayoría que reúna consensos y proponga un nuevo paradigma en el tratamiento penal de los adolescentes.
