La Cámara Federal porteña rechazó un pedido de la ex presidenta de investigar toda la obra pública que se hizo entre 2003 y 2015 y no solo aquella llevada a cabo en Santa Cruz.
La expresidenta había hecho ese pedido en el juzgado federal de Ercolini cuando solicitó la «readecuación del objeto procesal de la causa» en la que fue procesada como presunta integrante de una «asociación ilícita» que direccionó las concesiones de obra pública en favor del empresario detenido Lázaro Báez.
Cristina Kirchner había reclamado «que sea investigada no solo una empresa (Austral Construcciones), no solo una provincia (Santa Cruz), sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares».
Para la expresidenta, la omisión en investigar a la firma IECSA S.A. del grupo Macri -que obtuvo la pavimentación de uno de los cinco tramos de la ruta 9 y su explotación con Báez como subcontratista-, fue «una clara muestra del direccionamiento con intencionalidad política» de la investigación.
El pedido ya había sido rechazado por el juez de primera instancia y esa decisión fue confirmada hoy por la Sala I del tribunal de apelaciones por dos votos (Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia) contra uno (Eduardo Freiler).
