La norma había sido vetada por el Ejecutivo y luego insistida por ambas cámaras del Congreso. Su entrada en vigencia quedó supeditada a la definición de fuentes de financiamiento.
El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que había sido previamente vetada por el propio Ejecutivo y luego aprobada por insistencia de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, su aplicación fue suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del mandatario, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Salud, Mario Lugones.
En los considerandos del decreto, el Gobierno argumentó que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación” y que, incluso reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado, los fondos serían “igualmente insuficientes”. Por ello, se concluyó que solo un aumento del presupuesto aprobado por el Congreso podría garantizar la sostenibilidad de la medida.
La norma había sido impulsada por organizaciones del sector y obtuvo amplio respaldo legislativo, pero su implementación quedó en suspenso por razones fiscales. El texto oficial dedica extensos párrafos a justificar la postergación en la falta de previsión presupuestaria, lo que reabre el debate sobre la coordinación entre poderes y la capacidad del Estado para responder a demandas urgentes en materia de derechos sociales.
