CADAM denunció que el convenio colectivo de comercio contiene aportes automáticos a entidades como INACAP OSECAC y el seguro La Estrella que no reflejan mejoras salariales para los empleados y que representan una recaudación millonaria sin control público ni opción de elección
En medio de un nuevo capítulo en la extensa disputa por los convenios colectivos, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) encendió las alarmas. Esta vez, con una advertencia directa y sin rodeos: si el nuevo acuerdo paritario del sector de comercio —el más amplio del país, con impacto sobre 1,2 millones de trabajadores— vuelve a incluir aportes compulsivos a estructuras sindicales, empresariales y seguros que no reflejan el salario real, no debería ser homologado por la Secretaría de Trabajo.
El planteo, formulado en medio de las negociaciones salariales, no llegó solo. Vino acompañado de un paquete de observaciones, cifras y reclamos que, según el sector mayorista, explicitan la existencia de “costos ocultos” que inflan los vínculos laborales y, al mismo tiempo, distorsionan los verdaderos ingresos de los empleados. “Queremos discutir salarios reales, no seguir financiando estructuras gremiales empresarias, sindicales y seguros elegidos por ellos”, indicaron desde la entidad empresarial, apuntando con precisión a lo que consideran desvíos que desdibujan el espíritu paritario.
Uno por uno, fueron enumerando los aportes que, según CADAM, deberían desaparecer del convenio. En primer lugar, el aporte solidario por COVID-19 a OSECAC, que fue instaurado en 2021 en plena pandemia, todavía sigue vigente con un valor mensual de $5.500 por empleado, aun cuando el trabajador no esté afiliado a esa obra social. “Es insostenible que sigamos pagando esto”, exclamaron comerciantes del sector, ya sin disimular la exasperación.
Después está el caso del Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Aquí, la polémica se torna aún más espinosa. Aunque el Decreto 149/2025 establece que el aporte es voluntario, desde el sitio web oficial de la institución se insiste en que “todos los obligados al pago deberán continuar cumpliendo con los mismos”. La referencia, según explican, alude a una medida judicial que rige únicamente en los partidos bonaerenses de Avellaneda y Lanús, pero que es utilizada para generalizar una obligación que ya no existiría. El aporte, que representa el 0,5% del salario de la categoría Maestranza A, alcanza los $4.725,02 por trabajador, aunque no exista garantía de que el empleado reciba capacitación alguna. “Hablan de capacitación y resulta que después dijeron que se usa el fondo de sostenimiento de cámaras empresarias. Entonces, ¿qué es? ¿Capacitación o financiamiento de cámaras?”, protestaron desde CADAM.
Frente a esto, la cámara mayorista no se quedó en las palabras. Enviaron una carta documento a las autoridades del INACAP exigiendo que se explicite el carácter voluntario del aporte, salvo para las zonas mencionadas, donde aún rige la cautelar. Sin embargo, la página institucional del instituto continúa exhibiendo un mensaje que, según CADAM, confunde deliberadamente. En él, se cita una resolución del juzgado interviniente, fechada el 4 de junio de 2025, que sostiene que “el aporte al INACAP es obligatorio para todos los aportantes, afiliados y no afiliados”, en aparente contradicción con la normativa nacional.
A este entramado se le suma otro ítem: el seguro complementario de retiro La Estrella. Esta contribución obligatoria, vigente desde 1993, equivale al 2,5% del salario. Tomando como base un salario mínimo, se traduce en $25.736,18 mensuales. Según detallaron, el 50% del aporte se dirige a una cuenta individual a nombre del trabajador, mientras que la otra mitad financia un sistema de retiro solidario. El problema, afirman, es que el acceso al beneficio exige 20 años de aportes. “Muchos trabajadores se pasan a otro rubro y nunca llegan a obtener el beneficio, mientras que los que piden el rescate de fondos sólo reciben el 50% de lo depositado, porque la otra mitad queda solidariamente para el sistema”, describieron desde la cámara.
El reclamo también apunta a los aportes sindicales. De acuerdo con la normativa vigente, se descuenta un 0,5% del salario, independientemente de que el trabajador esté afiliado o no. A esto se suman contribuciones extra, variables según la zona, que completan un escenario que, a juicio de los mayoristas, sobrecarga innecesariamente las planillas salariales.
El trasfondo no es menor. Si se considera el volumen de la paritaria de comercio, los montos involucrados son millonarios. Solo el aporte al INACAP, con una base de 1,2 millones de trabajadores, podría representar una recaudación anual superior a los $70.000 millones, fondos administrados por los gremios empresarios que suscriben las paritarias, sin mecanismos públicos de control o rendición.
Por eso, además de la presentación ante el INACAP, desde CADAM solicitaron celeridad a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo: avanzar con un dictamen que evite que estos “costos ocultos” reaparezcan en futuras negociaciones salariales, marcando así una línea divisoria entre los salarios reales y los aportes indirectos a estructuras que no rinden cuentas ni permiten elección por parte del trabajador.
Mientras tanto, la paritaria más grande del país sigue su curso. Y con ella, una serie de reclamos que, lejos de apagarse, parecen haber encontrado nuevas voces, documentos y números para sostener la disputa.
