El fiscal continúa con la exposición de pruebas que persiguen el caso de presunta corrupción comandado por Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
La segunda jornada de alegatos en la causa Vialidad en la que se acusa a Cristina Kirchner y Lázaro Báez de liderar una asociación ilícita en Santa Cruz se puso en marcha durante la mañana. Esta vez, la vicepresidenta se ausentó de la audición bajo autorización y el viernes tampoco daría el presente.
En esta nueva etapa del juicio, Diego Luciani, uno de los fiscales que lo encabezan, señaló que “no solo hubo un direccionamiento grosero sino la falta de un adecuado control que tiene consecuencias nocivas para la administración. Y esto tiene como explicación que la orden de beneficiar a Báez venía de lo más alto del poder ejecutivo”.
“Las 51 licitaciones fueron aparentes, una puesta en escena, una serie de actos para darle aspectos de legalidad, cuando hubo contratación directa, direccionada”, sentenció.
También advirtió que “nunca se hizo un análisis real, serio y detenido de las ofertas de obra pública en Santa Cruz”, y que “no había competencia, solo competían las empresas de Báez entre sí”.
Según lo expuesto por el fiscal, de las 51 licitaciones, en 47 “se permitió que se cometieran todas las irregularidades y actos discrecionales”, además de exponer que la corrupción “parasitó los órganos que debían controlar”.
Continuando con las acusaciones, sostuvo que “durante 12 años la corrupción sistemática del Estado se mantuvo inalterable” y que por eso “todos los imputados deben rendir cuentas ante otro poder del Estado”.
