Articulo publicado por Marcelo Bonelli en Clarín el 12 de octubre de 2018
La Casa Rosada acelera una propuesta para encapsular el problema que origina en la economía la cantidad de empresarios vinculados al escándalo de los cuadernos. La decisión la tomó Mauricio Macri con un objetivo: evitar que la investigación frene en forma definitiva el ambicioso plan de obras de los PPP. En absoluto secreto existe una comisión “interministerial” para producir un sistema legal que alivie la situación.
El trabajo está a cargo del procurador del Tesoro, Federico Saravia Frías, y de tres hombres de la máxima confianza del Presidente: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Fernando De Andreis y Guillermo Dietrich.
El cuarteto elaboró varios “memos” con propuestas alternativas, pero todas giran en torno de este planteo:
Los hombres de negocios investigados tendrían que renunciar al directorio de las compañías.
No dispondrían hacia delante la capacidad legal para ejercer el “derecho comercial” .
Deberían abonar multas al Estado en compensación por la corrupción.
Sus empresas podrían seguir participando en adjudicaciones de la obra pública.
El Presidente quiere así salvar la unidad social de producción que significan las empresas. “Lo necesitamos -dice en privado- para que inviertan. ¿Si no, quién lo va hacer?”. Pero la cuestión es delicada y tiene un alto voltaje político. Hay una delgada línea entre lo legalmente correcto y la creación de un sistema de privilegios a los denunciados.
Por eso, se evalúa lo que hizo Brasil y hace EE.UU. Odebrecht sigue en ambos países. La discusión del sistema habría originado cortocircuitos. Hay algunas ideas muchos más “flexibles”, para favorecer hombres de negocios. La magnitud de los afectados está reflejada en el requerimiento que el juez Claudio Bonadio le acaba de elevar a la AFIP. Exigió datos de 40 empresarios, 14 compañías y 4 grandes grupos empresarios. Se trata de toda la llamada “patria contratista”.
La cuestión sería también una de las diferencias clave que abrieron un surco entre Macri y Elisa Carrió. Las diferencias son mayores a las que ambos expresan en público.
La pelea de ambos tiene expectante al mundo de los negocios y fue extensamente comentada en la Unión Industrial, el martes, y en reuniones de banqueros. También, la puja en la “cumbre” apareció como un alerta en todos los últimos informes reservados de Wall Street. Para los inversores, la disputa puede afectar la gobernabilidad y debilitar a la Casa Rosada en su peor momento económico. Algunos informes se atreven a decir que Carrió emplazó a Macri: que esperará hasta fin de año una respuesta el Presidente.
Sostiene que no debe haber ninguna concesión a los corruptos. Y teme que estos planes jurídicos “especiales” escondan un salvoconducto para la impunidad. Carrió sostiene que desde el corazón de la Casa Rosada -vía operadores como Daniel Angelici o Germán Garavano- se buscan con el radicalismo fórmulas para “salvar” a Cristina.
La jefe de la Coalición Cívica dice que hay “emisarios” oficiales que intentan influir sobre la futura decisión de la Cámara Federal que debe resolver el pedido de prisión de Cristina. Bonadio condicionó el pedido de desafuero de la ex presidenta al fallo de la Cámara. Si ese tribunal dice que no hace falta la prisión preventiva, ella resolverá ese problema en forma definitiva y estará libre para ser candidata. Así, Jaime Durán Barba y Marcos Peña tendrían facilitada su estrategia electoral: confrontar con Cristina y levantar el miedo al populismo.
Carrió, además, está furiosa porque dice que la Casa Rosada y el radicalismo pactaron con el peronismo para impedir su asunción como jefa de la comisión que controla a los fiscales.
El Presidente, muy molesto -en la intimidad- hace un paralelismo entre las actitudes de Carrió y un ex futbolista de Boca. Pero repite: “Mi tarea es desarrollar el don de la paciencia”. Sin embargo, su entorno más íntimo explotó contra Carrió. Así lo dicen: “Lilita pasó una raya, de la que no se vuelve”. Macri los suele mirar en silencio. Un clásico para casos semejantes: masculla la bronca y los deja expresar lo que él ha decidido callar. Para los íntimos del Presidente la ofensiva pública de Carrió es incomprensible y la desacreditan duramente.
Lilita logró ubicar a un hombre de su confianza en una nueva dirección de la AFIP. Fue la prenda de paz que firmó con Leandro Cuccioli. Jaime Mecikovsky -de él se trata- fue reincorporado por exigencia de Carrió.
Mecikovsky le había enviado, una semana antes, un furibundo correo electrónico a Cuccioli, cuestionando su gestión. El jefe de la AFIP convocó al titular de la DGI y le pidió el desplazamiento de Mecikosvsky. Horacio Castagnola se opuso al pedido: dos días después, ambos fueron desplazados de la AFIP. Se trataba de las dos personas que denunciaron en los albores del kirchnerismo a Lázaro Baez y después -Castagnola- a Cristóbal Lopez. La intervención de Carrió rehabilitó a ambos. Pero Castagnola -molesto- dio un portazo. En cambio, Javier Iguacel está firme en su cargo. Sufrió un desgaste terrible: no cumplió con su palabra. Cuando asumió le hizo una promesa a intendentes y gobernadores de Cambiemos. Les dijo: “El de octubre es el último aumento del año”. Por eso, nadie salió a defender el nuevo tarifazo y lo dejaron solo. Sobrevivió porque siempre tuvo un respaldo en este déjà vu tarifario: el del propio Macri.
