Docentes pertenecientes al gremio sostienen que existe falta de imparcialidad de la Secretaria General y el adjunto de la UTE.
El próximo 10 de octubre se realizarán las elecciones en la Unión de Trabajadores de la Educación y la Junta Electoral presenta muchas irregularidades jurídicas. La UTE conducida por Graciano-López, está frente a una verdadera crisis institucional.
La semana pasada se presentó la renuncia de una integrante de la Junta Electoral del sindicato, ante la falta de imparcialidad y las prácticas de persecución y hostigamiento hacia la lista Púrpura-Verde-Granate.
El martes 29 de agosto la Junta Electoral del sindicato publicó una resolución “interpretando” el Estatuto, e informando que para votar en las próximas elecciones todo afiliado debe ser previo al 31 de marzo con carácter de cotizante regular y mensual. En la misma resolución, la Junta rechazó la afiliación de trescientas personas utilizando estos argumentos.
Durante esta semana, y a partir del trabajo detallado de las y los docentes de la CTE y La Granate con el padrón provisorio, la misma Junta incorporó a más de ochocientas personas que no cumplen con estos mismos requisitos impuestos por la propia Junta. Una vez más, la falta de imparcialidad de la Secretaria General y el adjunto de la UTE quedó en evidencia.
Restan treinta días para las elecciones y todavía no hay información pública del padrón definitivo y se realizaron cambios de las mesas de votación publicadas en la convocatoria luego de la presentación de avales de la lista opositora. Todas irregularidades que violan los principios de la Ley Electoral.
Actualmente, en el Ministerio de Trabajo se abrió una canal de diálogo para regularizar la situación y garantizar la democracia sindical. En un contexto de avance de la derecha, hacer peligrar la institucionalidad con prácticas antidemocráticas es un error muy grave y costoso para el sindicalismo.
