Si bien la meta cuando Juan José Aranguren estaba en eliminar por completo los subsidios en 2019, la devaluación del peso cambió todo el panorama
Con el objetivo de disminuir los subsidios en las facturas de luz y gas, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren impulsó aumentos con la meta en eliminar por completo las subvenciones en 2019. Ahora, con Javier Iguacel a la cabeza de la cartera, las empresas energéticas ven que el Gobierno comienza a desviarse de ese camino y en sus hojas de ruta extienden los subsidios hasta 2021.
Los únicos lineamientos que dejó entrever Iguacel fueron hechos el día que asumió en el que aseguró que en septiembre y octubre habrá nuevos aumentos en los servicios públicos. Sin embargo, sólo tuvo una reunión con las compañías de energía, hasta el momento y de allí fue a una reunión con su par estadounidense, Rick Perry, en los Estados Unidos.
Cumplido el primer semestre del año, se avecinan las revisiones en las tarifas de luz y gas. Y, en seis meses, el escenario dio un vuelco del que había proyectado el Ejecutivo cuando comenzó el mandato. La devaluación del peso desde el último tarifazo en noviembre es de un 60%, por lo que si el Gobierno quisiera bajar las subvenciones, en consecuencia debería subir las boletas en un 80%.
De la misma manera, la previsión de las firmas energéticas también se desfasó ya que anticiparon costos con un dólar a 22$ recién para octubre, cuando en los últimos días, la divisa rondó los 28 pesos.
Según publica Clarín, las petroleras, las mayores productoras de gas, ya tienen conversado el tema con la Casa Rosada. Es que producir gas representa un 40% de las facturas, otro 32% proviene de las distribuidoras y el resto son impuestos.
Como proyección para el final del mandato de Cambiemos, la cartera de energía pretendía llegar a cubrir con las tarifas de los usuarios a US$ 6,80 por millón de BTU (unidad de medida del sector). No obstante, desde las subas de abril 2018 ese precio está en US$ 4,68 y aún es «insuficiente».
De acuerdo al plan que tenía Aranguren los subsidios al gas deberían reducirse a 23% a fines del 2017, lo que suponía un nuevo aumento y más capital proveniente de los usuarios por lo que dejaría de pagar el Estado, aunque todavía está en 31%.
Si se continuaba con el esquema que tenía en sus planes el Gobierno a fines de 2017, el apoyo estatal deberían haber llegado a un subsidio anual de US$ 2.000 millones en servicios (en 2015 era de US$ 8.000 millones), mientras que los hogares debieron pagar unos US$ 5,26 (casi $ 150) desde octubre por el precio del gas en si mismo
